El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en funcionamiento un portal web oficial  diseñado específicamente para centralizar toda la información y gestión del proceso de regularización extraordinaria. Esta herramienta digital se convierte en el eje central para los interesados, permitiendo desde la consulta de dudas hasta la gestión directa de trámites administrativos de forma segura y oficial.

Simulador de requisitos y recursos multimedia para extranjeros

Una de las funcionalidades más destacadas del nuevo sitio es el verificador de requisitos. A través de una simulación, los usuarios pueden comprobar si cumplen con las condiciones necesarias para acceder a la medida antes de iniciar el trámite. Además, el portal ofrece vídeos explicativos, guías de preguntas frecuentes y acceso directo a documentos clave publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE), como el formulario de acreditación de vulnerabilidad.

Cómo solicitar la cita previa obligatoria para la regularización

Para quienes requieran atención en oficinas, la cita previa es estrictamente obligatoria y gratuita. Aunque el portal ya permite realizar las solicitudes desde este 16 de abril, la atención presencial comenzará oficialmente el próximo lunes 20. El sistema ofrece tres vías para obtener turno:

1. Identificación digital: Mediante el sistema Cl@ve, permitiendo elegir oficina, día y hora de forma inmediata.

2. Formulario web: Para quienes no poseen certificado digital; la confirmación llegará vía correo electrónico o SMS.

3. Teléfono 060: Disponible de lunes a viernes de 09:30 a 14:00 y de 16:30 a 19:30.

Tramitación telemática y red de entidades colaboradoras

La administración fomenta la solicitud telemática como vía preferente, operativa las 24 horas. Los interesados pueden realizar el proceso personalmente con certificado electrónico o apoyarse en profesionales como abogados de extranjería, graduados sociales y gestores administrativos.

Asimismo, la web facilita un listado de más de 150 entidades colaboradoras inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería. Estas organizaciones ofrecen acompañamiento gratuito en el proceso, contando con personal habilitado para actuar como representantes legales de las personas solicitantes.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres como presuntos responsables de un delito de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. La investigación se inició tras la denuncia de un progenitor, cuya hija de ocho años fue contactada por desconocidos a través de una aplicación de mensajería que elimina automáticamente imágenes y vídeos tras su visualización.

Investigación y modus operandi de los presuntos autores

La Policía Nacional confirmó que varios hombres adultos lograron ganarse la confianza de dos menores, a quienes inducían a enviar imágenes de contenido sexual. Una vez establecida la confianza, los presuntos autores intensificaban el contacto mediante videollamadas, solicitando y obteniendo imágenes en tiempo real de las menores, quienes usaban tablets y teléfonos familiares desde su habitación.

Gracias a las gestiones realizadas, los investigadores lograron identificar y localizar a los presuntos responsables en Ourense y Tarragona, donde se efectuaron entradas y registros simultáneos. Este operativo permitió la detención de dos personas, quienes fueron puestas a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.

Material incautado y posibles implicaciones de la investigación

Durante los registros, los agentes incautaron diverso material electrónico que está siendo analizado para determinar la posible existencia de una red de distribución de pornografía infantil. Además, se busca identificar otras posibles víctimas en el territorio nacional. Este análisis es crucial para desentrañar la magnitud de las actividades de los detenidos y cualquier conexión con otras redes.

La Policía Nacional subraya la importancia de la supervisión del uso de dispositivos electrónicos por parte de menores. Asimismo, recuerda que dispone de canales de denuncia abiertos a la ciudadanía ante cualquier indicio de delitos relacionados con el abuso sexual infantil. La colaboración ciudadana es fundamental para prevenir y combatir estos delitos.

La detención de los presuntos responsables en Ourense y Tarragona es un paso importante en la lucha contra el abuso sexual infantil. Las autoridades continúan trabajando para asegurar que todos los implicados en estos delitos sean llevados ante la justicia y para proteger a los menores de estos peligros.

Este caso resalta la importancia de la vigilancia y el control parental sobre el uso de aplicaciones y dispositivos electrónicos por parte de los menores. La Policía Nacional insta a los padres y tutores a estar atentos a las actividades en línea de los menores para prevenir situaciones similares.

La titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid ha ordenado el registro de un chalé relacionado con la investigación de la muerte de una joven de Traspinedo. El nuevo propietario del inmueble descubrió una trampilla que lleva a un sótano, lo que llevó a la Guardia Civil a solicitar una inspección detallada.

Descubrimiento impulsa nueva fase en la investigación del caso de Traspinedo

La jueza accedió a la petición de la Guardia Civil para realizar una inspección ocular, que no se limitará al sótano descubierto. Aunque el nuevo propietario no se opuso a la inspección, la magistrada, siguiendo el criterio de la Fiscalía, autorizó el registro para asegurar que se cumplan todas las garantías legales. La inspección abarcará posibles oquedades, suelos, paredes y techos, así como la recogida de muestras para análisis.

El operativo, que comenzará a partir de las 9:00 de este jueves, será realizado por el Grupo ECIO de la Dirección General de la Guardia Civil, junto con el laboratorio de criminalística de la UIPJ de Valladolid. La jueza considera que la medida es necesaria para avanzar en la investigación, especialmente tras el hallazgo del nuevo elemento en la vivienda que perteneció a los padres del principal acusado.

La Guardia Civil busca nuevas pistas en el caso de la joven de Traspinedo

La resolución judicial destaca que no existe otro modo de buscar nuevos indicios sobre el hecho investigado. La gravedad del caso, la alarma social generada y la valoración conjunta del mismo son factores que llevaron a la jueza a autorizar la medida. La posibilidad de encontrar material biológico o humano es considerada de esencial importancia.

La inspección incluirá la captación y grabación de imágenes durante la actuación policial. La jueza enfatiza que la autorización es adecuada para los fines pretendidos y que no hay oposición del actual dueño del inmueble. La medida busca arrojar luz sobre los hechos investigados, aprovechando el descubrimiento del elemento desconocido hasta ahora.

La investigación continúa con la esperanza de encontrar pistas que puedan esclarecer la muerte de la joven. Las autoridades se centran en el chalé, buscando cualquier indicio que pueda ser relevante para el caso. La autorización del registro representa un paso importante en el proceso judicial, con el objetivo de obtener información crucial para resolver el caso.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha confirmado la decisión de otorgar la incapacidad permanente absoluta a una mujer de 37 años que sufre de fatiga crónica. La sentencia también reconoce el derecho a recibir una pensión vitalicia equivalente al 100% de su base reguladora, establecida en 2.773,76 euros, junto con las revalorizaciones correspondientes. Este fallo se origina a partir de una evaluación realizada el 23 de marzo de 2023, cuando el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) determinó que la mujer, quien trabajaba como auxiliar administrativa con tareas informáticas, padecía una encefalomielitis miálgica.

La justicia respalda el dictamen médico sobre la gravedad de la enfermedad

El diagnóstico médico señaló que la mujer experimentaba fatiga extrema, niebla mental, cefaleas y fotofobia, lo cual limitaba significativamente su capacidad para desempeñar su trabajo. A pesar de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social inicialmente desestimó que sus dolencias fueran lo suficientemente graves como para ser consideradas invalidantes, un juzgado Social de Ciudad Real dictó sentencia el 23 de octubre de 2024, reconociendo la incapacidad en grado absoluto de la demandante.

El caso llegó a la Sala de lo Social, donde se recordó que el juzgador de instancia había aceptado las conclusiones del perito presentado en la vista. El perito manifestó que la mujer había alcanzado un nivel de afectación severa que le impedía salir de casa o conducir, sufriendo un «agotamiento físico y mental que le impedía realizar cualquier actividad diferente al propio autocuidado». Esta declaración fue clave para que el tribunal considerara que la demandante había demostrado estar impedida para la ejecución normal de una actividad profesional.

La sentencia aún puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo

Aunque la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha representa un reconocimiento importante para la mujer afectada, no es definitiva. Existe la posibilidad de que esta decisión sea recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. Este recurso podría ser interpuesto si alguna de las partes considera que la interpretación de la ley o la valoración de las pruebas no ha sido adecuada.

La situación de la mujer pone de relieve las dificultades que enfrentan las personas con enfermedades como la encefalomielitis miálgica para obtener el reconocimiento de su incapacidad laboral. Este caso también subraya la importancia de contar con evaluaciones médicas exhaustivas y detalladas que permitan a los tribunales tomar decisiones informadas sobre la capacidad laboral de los afectados.

El fallo del tribunal no solo tiene implicaciones para la demandante, sino que también podría sentar un precedente para otros casos similares en los que se discuta la gravedad de enfermedades crónicas y su impacto en la capacidad laboral. La decisión de otorgar una pensión vitalicia refleja el reconocimiento de la seriedad de la afección y la necesidad de garantizar el sustento económico de quienes no pueden trabajar debido a su estado de salud.

En conclusión, este caso destaca la importancia de las evaluaciones médicas precisas y el papel de los tribunales en la protección de los derechos de las personas con enfermedades crónicas. La posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo deja abierta la puerta a un análisis más profundo de la situación, lo que podría influir en futuras decisiones judiciales relacionadas con la incapacidad laboral.

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha solicitado al Ministerio de Defensa información detallada sobre el accidente sufrido el pasado 10 de abril por un vehículo de exploración de caballería (VEC) del Regimiento Pavía n.º 4 en el Campo de Maniobras de San Gregorio.

Según recoge el oficio remitido por la asociación, “el vehículo resultó volcado y se produjo el desprendimiento de la torre”, un extremo que, a juicio de ATME, evidencia la gravedad del siniestro. De acuerdo con la información trasladada a la entidad, dos militares —el conductor/tirador y el sargento jefe del vehículo— habrían sido hospitalizados en Zaragoza, lo que ha generado inquietud tanto en su unidad como en otras que operan el mismo modelo.

La asociación considera que la antigüedad del VEC, un vehículo con largo recorrido en servicio, incrementa la necesidad de ofrecer explicaciones claras sobre lo ocurrido y sobre las condiciones de seguridad en las que se emplean estos medios.

Estado de los heridos y condiciones técnicas

En su escrito, ATME solicita conocer el estado de salud de los militares afectados, así como los detalles relativos a las causas del accidente. Entre la información requerida figuran el estado técnico del vehículo implicado, su antigüedad, el historial de mantenimiento y cualquier circunstancia operativa que pudiera haber influido tanto en el vuelco como en el desprendimiento de la torre.

La asociación subraya que, tratándose de un modelo veterano, es necesario determinar si existen posibles factores estructurales o problemas derivados del desgaste que deban revisarse para evitar incidentes similares en el futuro.

Revisión de medidas de seguridad

ATME también pregunta al Ministerio si se han contemplado medidas adicionales para garantizar la seguridad del personal que opera estos vehículos, como revisiones extraordinarias, la aplicación de protocolos específicos o incluso limitaciones temporales de uso mientras se esclarecen las causas del accidente.

En el oficio, la asociación señala que “esta información es necesaria a fin de garantizar la transparencia, reforzar la confianza del personal y asegurar que los medios materiales empleados se mantienen en condiciones adecuadas para preservar la integridad de los militares”.

Por el momento, el Ministerio de Defensa no ha hecho pública información adicional sobre el siniestro ocurrido en el campo de maniobras zaragozano.

La inminente regularización extraordinaria de personas extranjeras anunciada por el Gobierno ha situado la extranjería en el centro del debate público. Junto a la expectativa generada entre miles de personas, ha reaparecido también un fenómeno recurrente: la proliferación de fraudes, cobros indebidos y supuestos intermediarios que prometen soluciones que ni siquiera están reguladas.

Ante este escenario, el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España ha decidido activar de forma inmediata una medida de protección al ciudadano: la creación de las GOEX –Gestorías Oficiales de Extranjería–, que se presentan como “Puntos Seguros de Tramitación”.

El objetivo es que cualquier ciudadano extranjero pueda identificar desde el primer momento si su expediente está en manos de un profesional colegiado, quién responde de su gestión y bajo qué organización actúa.

Una respuesta directa al fraude

En los últimos meses —y especialmente tras el anuncio del proceso de regularización— se han detectado prácticas que agravan un problema estructural en el ámbito de la extranjería: cobros por citas que deberían ser gratuitas; ofertas de “regularización garantizada” sin base normativa; venta de supuestos cupos o turnos inexistentes; y utilización de justificantes sin ningún tipo de control ni verificación.

Estas actuaciones no solo generan perjuicios económicos, sino que afectan directamente a la seguridad jurídica del ciudadano extranjero, que en muchos casos desconoce quién está gestionando su documentación y ante quién puede reclamar en caso de incidencia.

Un documento verificable para aportar transparencia

Como respuesta, los gestores administrativos han puesto en marcha el Justificante Profesional de Extranjería, un documento electrónico verificable que permitirá al ciudadano conocer con exactitud:

• Quién es el profesional que lleva su asunto.
• Su número de colegiado.
• El Colegio profesional al que pertenece.
• El tipo de gestión que se está realizando.

El Consejo General subraya que este justificante tiene carácter estrictamente informativo. No implica presentación ante la Administración, no inicia procedimientos, no altera plazos ni garantiza el resultado del expediente. Su función es aportar transparencia y trazabilidad en un entorno especialmente expuesto al engaño y permitir distinguir con claridad entre un profesional colegiado y un intermediario sin control.

La iniciativa se completa con la posibilidad de consultar el Registro de Gestorías de Extranjería, de modo que cualquier persona pueda verificar si está ante una gestoría oficial o un operador ajeno a tutela colegial.

«La primera protección es saber quién responde de tu expediente»

«En extranjería, la primera protección del ciudadano no es jurídica, es informativa: saber quién lleva su expediente y quién responde de él. Con este justificante queremos que nadie tenga que confiar a ciegas en un proceso tan sensible», señala Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos. Una opinión compartida por la presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Navarra, Núria García León.

Santiago añade que «del mismo modo que el Consejo de Estado, en su informe sobre la norma, vela por la calidad técnica, la coherencia jurídica y las garantías del procedimiento, los gestores administrativos trabajamos para que los ciudadanos puedan acceder a ese mismo procedimiento en condiciones reales de seguridad, transparencia e identificación profesional».

La organización colegial considera que la regularización abre una oportunidad para ordenar el sistema, pero también un riesgo inmediato de fraude si no se actúa con rapidez. Por ello, la activación de las GOEX y del Justificante Profesional de Extranjería busca ofrecer una respuesta coordinada en todo el territorio, reforzar la confianza del ciudadano y combatir el intrusismo en uno de los ámbitos más sensibles de la relación con la Administración.

Desde el ICOGA-Navarra se han hecho eco de la decisión del Consejo General y se ponen a disposición de la ciudadanía para ofrecer información tanto a personas que necesiten tramitar su regularización como a empleadores o interesados en general. El Colegio atiende en el teléfono 948 253 866, en el correo electrónico gestnavarra@gestores.net y de forma presencial en su sede del Paseo José María Lacarra, 1.

La resolución del caso Traspinedo ha dado un giro inesperado. La Audiencia Provincial de Valladolid ha dictado un auto por el cual devuelve la causa al Juzgado de Instrucción número 5, el órgano encargado de la investigación original. Esta decisión responde a la necesidad de que la jueza instructora valore los últimos hallazgos comunicados por la Guardia Civil, que podrían ser determinantes para el esclarecimiento de la muerte de Esther López.

El hallazgo de la Guardia Civil que paraliza el juicio

El detonante de este retroceso procesal ha sido un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) y la comandancia local en el que se informa del descubrimiento de una trampilla con acceso a un sótano en el chalé que perteneció a la familia del único investigado, Óscar S. Este nuevo escenario físico, que no había sido analizado previamente en profundidad, ha motivado que la Fiscalía solicite de inmediato la práctica de diligencias de investigación suplementarias.

Hasta ahora, la magistrada de la Audiencia Provincial ya se encontraba realizando los trámites pertinentes para el señalamiento del juicio por jurado popular. Sin embargo, al carecer de competencias para dirigir nuevas pesquisas, la ley obliga a retornar el sumario a la fase de instrucción para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y el rigor en las pruebas.

El papel de la jueza instructora ante las nuevas diligencias

En su escrito, la Audiencia de Valladolid no se posiciona sobre la pertinencia o el calado de las nuevas pruebas, sino que delega en la jueza instructora la libertad para que "resuelva lo que estime oportuno". Será ella quien deba decidir si se procede a un nuevo registro de la vivienda o si se realizan inspecciones oculares técnicas en el sótano recién localizado para buscar restos biológicos o indicios relacionados con el fallecimiento de la joven.

Este movimiento procesal implica, en la práctica, un retraso en la fecha prevista para el juicio. La acusación particular y el Ministerio Fiscal coinciden en que es indispensable agotar todas las vías de investigación antes de que el acusado se siente en el banquillo, especialmente tras la aparición de elementos estructurales en el inmueble que habían pasado inadvertidos durante los años que ha durado la instrucción del crimen de Traspinedo.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha presentado este martes la aprobación definitiva del Real Decreto que pone en marcha un proceso extraordinario de regularización para miles de personas migrantes que ya residen en España, una medida que ha calificado como «uno de los grandes hitos de esta legislatura».

Saiz ha subrayado que se trata de personas «que conviven entre nosotros, con hijos e hijas que van al colegio con los nuestros, que dan vida a nuestros pueblos y a nuestras calles» y que, a partir de ahora, podrán acceder «con garantías» a plenos derechos y cumplir también sus obligaciones.

Triple legitimidad: social, política y económica

La ministra ha defendido que la iniciativa cuenta con «triple legitimidad». En el plano social, ha recordado que el Gobierno recoge el testigo de una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 700.000 firmas, apoyada por más de 900 asociaciones y con el respaldo de la Iglesia Católica.

En el ámbito político, ha destacado que la propuesta fue tomada en consideración en el Congreso con 310 votos a favor, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo uno. Y en el terreno económico, ha puesto en valor el respaldo de los agentes sociales —patronal y sindicatos— así como de sectores como la agricultura, la construcción y el transporte, que «llevan meses, si no años, remando a favor de esta medida histórica».

Saiz ha recalcado que el proceso cuenta con todas las garantías legales. Ha citado el informe del Consejo Económico y Social, que incide en que la regularidad administrativa es clave para una integración plena, así como el dictamen favorable del Consejo de Estado, que avala la vía reglamentaria elegida y los objetivos de integración social, seguridad jurídica y reducción de la irregularidad.

Además, ha aludido a un reciente informe de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia que proyecta que una reducción del 30% de la migración en 2075 supondría una caída del PIB del 22%, la desaparición de más de 90.000 bares y una pérdida de 15 millones de habitantes. «Nuestra prosperidad está demostradamente unida a la gestión de la migración», ha afirmado.

Autorización de un año y acceso a derechos básicos

El procedimiento permitirá a quienes cumplan los requisitos obtener una autorización de residencia y trabajo por un año, número de afiliación a la Seguridad Social y acceso a la tarjeta sanitaria en su territorio de residencia. Transcurrido ese periodo, podrán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería para avanzar hacia una integración «plena y progresiva».

Las solicitudes podrán presentarse desde el 16 de abril, tras la publicación del Real Decreto en el BOE prevista para el día 15. La vía telemática estará disponible las 24 horas del día a través de la web del Ministerio y será, según la ministra, «la más rápida y sencilla». También se podrá tramitar mediante representantes autorizados o entidades colaboradoras de extranjería.

En cuanto a la vía presencial, requerirá cita previa —que podrá solicitarse desde el 16 de abril por internet o en el teléfono 060— y comenzará el 20 de abril. Participarán unas 450 oficinas en todo el país, entre ellas oficinas de la Seguridad Social, sucursales de Correos en capitales y grandes municipios, y determinadas oficinas de extranjería. Saiz ha pedido «colaboración ciudadana y mediática» para evitar desplazamientos sin información previa.

El plazo para presentar solicitudes concluirá el 30 de junio.

Requisitos y despliegue operativo

Entre los requisitos figuran encontrarse en España antes del 1 de enero de 2026, haber permanecido al menos cinco meses ininterrumpidos en el momento de la solicitud, carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden o la seguridad pública. La estancia podrá acreditarse mediante documentos verificables, siendo el certificado de empadronamiento válido pero no obligatorio.

Para afrontar el proceso, el Ministerio ha reforzado el dispositivo con más de medio millar de profesionales adicionales y la utilización de la plataforma telemática Mercurio, desde la que la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX) gestionará los procedimientos.

La ministra ha recordado que desde 1986 se han llevado a cabo seis procesos extraordinarios de regularización en España, que han beneficiado a cerca de 1,3 millones de personas. Ha defendido que «cuando la realidad social va por delante de la burocracia, el Estado responsable es el que actúa para ordenarla».

En su intervención, Saiz ha destacado que el 43% del empleo creado desde la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros y ha vinculado su aportación al crecimiento económico, la sostenibilidad del sistema de bienestar y el rejuvenecimiento demográfico.

«Es un acto de coherencia ética y de justicia social», ha concluido. «Un país que concede derechos, en lugar de recortarlos, es un país mejor».

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con EUROPOL, han desarticulado dos organizaciones criminales en una operación que ha resultado en la detención de 24 personas. Estas bandas están presuntamente implicadas en delitos como el favorecimiento de la inmigración ilegal, tráfico de drogas, contrabando, y pertenencia a organización criminal. Las operaciones ilícitas se desarrollaban principalmente en las provincias del Estado español de Almería y Granada.

La investigación comenzó en octubre de 2024, cuando una patera con 24 personas a bordo fue interceptada cerca de Almería por Salvamento Marítimo. Este incidente llevó a los agentes a descubrir la conexión de los detenidos con otros grupos criminales dedicados al tráfico de personas y drogas. Estas organizaciones proporcionaban motores, embarcaciones y asistencia mecánica, además de realizar robos en depósitos judiciales para recuperar motores de embarcaciones.

Detenidas 24 personas y desmanteladas infraestructuras criminales

A principios de 2025, los investigadores detectaron una nueva organización criminal en Almería, especializada en facilitar la inmigración ilegal. Esta banda ofrecía apoyo logístico a otras organizaciones que realizaban travesías clandestinas desde el norte de África al Estado español, utilizando embarcaciones semirrígidas para cruzar puntos fronterizos no habilitados. Las actividades generaban importantes beneficios económicos para los implicados.

Durante la intervención policial, 24 personas fueron detenidas, de las cuales 14 han ingresado en prisión provisional. Los agentes incautaron dos narcolanchas, dos embarcaciones recreativas, un remolque de tráiler, y otros elementos logísticos como cuatro vehículos de alta gama y 1.175 litros de combustible. También se encontraron seis teléfonos satelitales, 1.100 kilogramos de tabaco de cachimba, y equipos de navegación y geolocalización.

Las operaciones criminales no se limitaban al tráfico de personas. Las organizaciones también cultivaban marihuana en plantaciones indoor, utilizando focos y ventiladores para su crecimiento. Se incautaron 25 kilos de material vegetal, de los cuales cinco kilos estaban dispuestos en cogollos listos para su distribución. Este hallazgo subraya la diversidad de actividades delictivas en las que estaban involucrados los grupos desmantelados.

El arsenal confiscado durante la operación incluía cuatro armas de aire comprimido, dos escopetas del calibre 12 y dos armas blancas prohibidas, junto con un dron utilizado para vigilancia. La variedad de equipo y armamento refleja la complejidad y el alcance de las actividades delictivas de estas organizaciones. La operación ha sido un golpe significativo para las redes criminales que operaban en la región.

La colaboración internacional ha sido crucial en el éxito de esta operación. Agentes de la OLTIM del Estado francés participaron en el intercambio de información, lo que permitió identificar a los presuntos autores y coordinar acciones para desmantelar las organizaciones. Este esfuerzo conjunto demuestra la importancia de la cooperación transnacional en la lucha contra el crimen organizado.

La desarticulación de estas organizaciones representa un paso importante en la lucha contra el crimen organizado en el Estado español. Las autoridades continúan investigando para identificar a más implicados y desmantelar otras posibles redes criminales. La operación subraya el compromiso de las fuerzas de seguridad en la protección de las fronteras y la seguridad pública.

El Tribunal de Instancia de Torrelavega ha dictado sentencia contra el exciclista Óscar Freire imponiéndole nueve días de localización permanente por un delito leve de vejaciones injustas hacia su expareja. Además, se le ha prohibido acercarse a la víctima a menos de 200 metros y comunicarse con ella durante seis meses, según la resolución judicial.

Acuerdo entre las partes en el juicio rápido

El magistrado encargado de Violencia sobre la Mujer en Torrelavega tomó la decisión durante una vista de juicio rápido en la que todas las partes implicadas alcanzaron un acuerdo. El condenado reconoció los hechos y aceptó la pena propuesta por la fiscalía. La acusación particular, representada por la expareja, se adhirió a la petición del ministerio público, lo que permitió dictar una sentencia firme.

El incidente que llevó a esta condena ocurrió el martes, cuando el acusado se dirigió a su expareja a la salida de misa, en presencia de otras personas. Durante el encuentro, expresó que «está follando con todos», lo que, según la sentencia, perturbó la tranquilidad de la denunciante y atentó contra su integridad moral. Estas palabras fueron consideradas como vejaciones injustas, lo que motivó la condena.

Óscar F. acepta la pena impuesta

La pena de localización permanente implica que Óscar F. deberá cumplir con ciertas restricciones, permaneciendo en un lugar determinado durante el periodo establecido. Además, la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de su expareja y de comunicarse con ella busca proteger a la víctima y garantizar su seguridad. Esta medida se aplicará a cualquier lugar que frecuente la denunciante, como su domicilio o lugar de trabajo.

La Guardia Civil ha dado por finalizada la investigación del asesinato ocurrido el pasado 7 de abril en la localidad de Tirgo, en La Rioja. El suceso se saldó con la muerte de un joven de 31 años tras recibir una puñalada mortal en el costado durante una fuerte discusión con un compañero de trabajo en una vivienda de la calle Real.

Según han informado fuentes de la Benemérita, ambos involucrados eran trabajadores temporeros de origen marroquí. El altercado, motivado presuntamente por cuestiones económicas, escaló cuando el agresor se dirigió a la cocina para hacerse con un cuchillo, arma con la que atacó a la víctima. A pesar de la gravedad de la herida, el joven logró salir a la calle antes de desplomarse a pocos metros del inmueble.

Intervención de urgencia y maniobras de reanimación

Las patrullas de Seguridad Ciudadana fueron las primeras en llegar al lugar de los hechos, donde hallaron a la víctima inconsciente y sin signos vitales. Los agentes iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y control de hemorragias, manteniendo los esfuerzos hasta la llegada de los servicios sanitarios. Sin embargo, los facultativos solo pudieron certificar el fallecimiento del joven.

La coordinación entre la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Laboratorio de Criminalística resultó clave para asegurar la escena del crimen y recabar las pruebas necesarias. Estas actuaciones permitieron la identificación plena y la detención del presunto autor apenas unas horas después de cometerse el delito.

Ingreso en prisión para el presunto autor

Tras ser trasladado a las dependencias policiales de Haro, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial. Tras analizar las diligencias, el juez ha decretado su ingreso en prisión provisional sin fianza en el Centro Penitenciario de Logroño.

Se le imputa un presunto delito de asesinato con alevosía, cerrando así un caso que había generado una gran conmoción en la pequeña comunidad riojana de Tirgo durante la presente campaña agrícola.

La magistrada titular de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Huesca ha dictado una providencia que fija en cincuenta y seis semanas el cronograma para la entrega de las pinturas murales al Monasterio de Sijena. Esta decisión busca asegurar la ejecución efectiva de la sentencia, tras haber dado tiempo a las partes involucradas, el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) y el Gobierno de Aragón junto con el Ayuntamiento de Sijena, para presentar sus respectivos cronogramas.

La jueza ha optado por el cronograma propuesto por el MNAC, que ofrece un marco temporal más amplio, garantizando así las cautelas y garantías técnicas necesarias para la naturaleza de los bienes. Aunque el plazo inicial propuesto era de sesenta y cuatro semanas, la magistrada ha decidido reducirlo a cincuenta y seis semanas, realizando ajustes en las fases de evaluación de riesgos y evaluación metodológica.

Reducción de plazos en las fases de evaluación

La magistrada ha considerado que la fase de evaluación de riesgos puede completarse en cuatro semanas en lugar de las seis inicialmente planteadas. Asimismo, la fase de evaluación metodológica se ha reducido a tres semanas, ya que muchas de las actuaciones están integradas en la fase anterior. La primera fase, que abarca los estudios previos y el diagnóstico del bien y su entorno, ya ha sido completada.

La resolución también contempla la posibilidad de que las partes constituyan una Comisión de Expertos para acordar un cronograma alternativo, siempre que no supere el plazo de cincuenta y seis semanas. Además, se establece que el MNAC asumirá íntegramente los costos del desmontaje y traslado de las pinturas murales, y deberá justificar documentalmente el cumplimiento de cada fase del cronograma.

Responsabilidad del MNAC en la ejecución del cronograma

El tribunal subraya que el MNAC debe llevar a cabo la ejecución con máxima prudencia y diligencia, cumpliendo con las exigencias técnicas que impone la naturaleza de los bienes a restituir. En caso de incumplimiento del calendario, incluso parcialmente, la parte ejecutante podrá llevar a cabo la ejecución bajo su responsabilidad, pero a costa del MNAC, quien deberá asumir los gastos derivados.

Por último, la resolución establece que cabe recurso de reposición ante el mismo tribunal, el cual debe presentarse en un plazo de cinco días desde la notificación. Esta decisión reafirma la importancia de cumplir con los plazos y procedimientos establecidos para asegurar la correcta restitución de las pinturas murales al Monasterio de Sijena.

El juez Juan Carlos Peinado, el controvertido titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha acordado procesar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, junto a su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

El magistrado ha cerrado a toda prisa y sin cerrar algunas diligencias la fase de instrucción tras dos años de investigación, iniciada en abril de 2024 por una denuncia de Manos Limpias y ampliada con querellas de Vox y Hazte Oír. En un auto de 39 páginas, Peinado, que se jubila próximamente al cumplir 72 años,  rechaza prorrogar las pesquisas y archiva el delito de intrusismo profesional por falta de indicios suficientes, pero mantiene los otros cuatro contra los tres investigados, dando cinco días a las partes para presentar conclusiones provisionales sobre la apertura de juicio oral.

Curiosa comparación con Fernando VII

En el auto, el juez Peinado incluye una frase llamativa al describir la actuación de los investigados: "como si estuviéramos ante el caso de Fernando VII, que decía 'yo no hago nada malo, yo solo reino'", aludiendo a supuestas conductas que se esconden tras una posición de poder sin asumir responsabilidades.

Antecedentes de la causa

La investigación se centra en presuntas irregularidades en la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense, dirigida por Gómez, y en su relación con contratos públicos y empresas de Barrabés, como el rescate de Air Europa. Peinado alega que Gómez usó su posición para impulsar proyectos, con Álvarez desviando funciones públicas en su apoyo, y Barrabés beneficiándose de influencias. La Audiencia Provincial de Madrid avaló imputaciones previas por malversación, pese a recursos y anulaciones parciales.

Reacciones y próximos pasos

La defensa de Gómez critica autos "deslabazados" sin detallar indicios ni cuantificar malversaciones, y ha recurrido intentos de juicio por jurado. Fiscalía y defensas piden archivar, pero Peinado avanza pese a su jubilación prevista en septiembre.

Una operación internacional coordinada por Europol y Eurojust ha permitido desarticular una organización criminal acusada de introducir ilegalmente a más de 1.000 trabajadores extranjeros en España. La red, integrada mayoritariamente por ciudadanos brasileños, captaba a sus víctimas en Colombia y Perú bajo la falsa promesa de empleos cualificados como soldadores, cobrándoles hasta 300 euros por trámites burocráticos que resultaban ser fraudulentos.

La investigación, iniciada en mayo de 2025, ha culminado con la detención de cinco personas en la provincia de Barcelona y del líder de la trama en Emiratos Árabes Unidos, este último mediante una orden de Interpol. La red utilizaba una empresa espejo en Sabadell para dar apariencia de legalidad a sus operaciones y subcontratar personal con compañías españolas del sector del metal utilizando documentación falsificada.

Explotación laboral y accidentes sin protección legal

Las víctimas eran trasladadas a España con la instrucción de simular ser turistas en las fronteras. Una vez en sus puestos de trabajo, los empleados operaban sin alta en la Seguridad Social y bajo condiciones de precariedad absoluta. Al carecer de cobertura legal y no disponer de equipos de protección individual (EPIs), varios trabajadores sufrieron accidentes laborales de los que no pudieron recibir la asistencia debida por su situación de desprotección.

La organización falsificaba sistemáticamente certificados de desplazamiento, reconocimientos médicos y cursos de formación. En los registros efectuados, los agentes intervinieron abundante documentación falsa, bloquearon cuentas bancarias e intervinieron tres vehículos, dos de ellos de alta gama, adquiridos presuntamente con los beneficios de la explotación.

Cooperación policial contra el tráfico de personas

En el operativo han participado más de 100 agentes, contando con la colaboración de la Inspección de Trabajo y el Centro Especializado de Brasil. La Policía Nacional recuerda que mantiene activos canales de denuncia anónima para combatir la trata de seres humanos y el tráfico de migrantes, reforzando la vigilancia sobre las empresas que vulneran los derechos fundamentales de los trabajadores extranjeros.

La magistrada del Juzgado número 2 del Tribunal de Instancia de Haro ha dictado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el presunto autor del denominado 'Crimen de Tirgo'. El detenido, acusado de un presunto delito de asesinato con alevosía, fue trasladado al centro penitenciario de Logroño tras prestar declaración durante aproximadamente media hora, tiempo en el que únicamente respondió a las cuestiones planteadas por su abogado defensor.

Los hechos se remontan a la tarde del pasado martes en la localidad riojana de Tirgo. Según recoge el atestado policial, el acusado convivía en una vivienda del municipio con otros dos temporeros. Tras una discusión iniciada en plena vía pública, el agresor presuntamente asestó una puñalada en el costado a la víctima, un joven de 29 años, que falleció poco después debido a la gravedad de la herida por arma blanca.

Levantamiento del secreto de sumario y testimonios

Antes de proceder a la toma de declaración del sospechoso, la jueza acordó levantar el secreto de las actuaciones. En la misma jornada judicial, también compareció ante la magistrada el tercer compañero de vivienda en calidad de testigo, aportando su versión sobre la convivencia y el enfrentamiento verbal que derivó en el fatal desenlace.

Penas por delito de asesinato en el Código Penal

La calificación provisional de los hechos como asesinato con alevosía responde a la presunta indefensión de la víctima durante el ataque. Cabe recordar que el Código Penal español contempla para este tipo de delitos penas que oscilan entre los 15 y 25 años de cárcel. La investigación judicial continúa su curso en La Rioja para esclarecer todos los detalles que rodearon este suceso violento en el ámbito de los trabajadores agrarios de la zona.

París acogió este sábado un acto con fuerte carga simbólica en el que Juan Carlos I recogió el Premio Especial del Jurado del Libro Político por sus memorias, un reconocimiento concedido en la Asamblea Nacional francesa dentro de la 35.ª Jornada del Libro Político. El galardón distingue Reconciliación, obra escrita junto a Laurence Debray, que los organizadores han presentado como un testimonio sobre memoria, transmisión y trayectoria política.

Durante su intervención,  en un acto donde ha estado acompañado de sus hijas, las infantas Doña Cristina y Doña Elena, así como por  su nieto, Felipe Juan Froilán, el rey emérito defendió con firmeza su legado y aseguró que su mayor aportación a la historia de España fue “reconciliar a España consigo misma”. También explicó que, tras heredar todos los poderes del régimen franquista, los devolvió “a su legítimo propietario, el pueblo español”, en referencia al proceso que desembocó en la Constitución de 1978.

"Je ne suis pas Français, mais c'est un pays qui m'est cher, où ma famille plonge ses racines", réagit l'ancien roi d'Espagne Juan-Carlos Ier, lauréat du Prix spécial du #LivrePolitique2026 @lirelasociete @AssembleeNat. pic.twitter.com/A0CBemV91j

— LCP (@LCP) April 11, 2026

Juan Carlos I añadió que quiso “dar mi versión de la Historia” y que su intención al publicar las memorias era ser mejor comprendido, disipar malentendidos y dejar constancia de su visión de los hechos. En el tramo más personal, admitió que a veces le entristece cómo es percibido en España, aunque matizó que asume que “nadie es profeta en su país” y que siempre habrá juicios divergentes sobre su figura.

El acto, celebrado en París, llega además en medio de la polémica que ha rodeado el premio dentro y fuera de Francia, por la presencia del emérito y por el debate que sigue generando su papel público tras su salida de España en 2020 tras el escándalo por conocerse sus cuentas millonarias en el extranjero y sus cuentas pendientes, ya saldadas con la agencia tributaria española. 

El galardón

El premio  reconoce la obra Réconciliation, escrita junto a la historiadora Laurence Debray, en la que el monarca realiza un recorrido personal por su trayectoria y su papel en la historia reciente de España.

El jurado, presidido por la historiadora Annette Wieviorka, ha querido distinguir una obra que, según ha subrayado, aporta una reflexión relevante sobre los procesos políticos contemporáneos a través del testimonio directo. El premio especial reconoce tanto a autores como a figuras cuya contribución ayuda a comprender las transformaciones políticas de nuestro tiempo.

Durante el acto, la presencia conjunta de Juan Carlos I y Laurence Debray ha reforzado el carácter simbólico de la entrega, situando el libro en un punto de encuentro entre relato personal, memoria histórica y análisis político.

Rey de España entre 1975 y 2014, Juan Carlos I desempeñó un papel clave en la Transición democrática. En Réconciliation, el monarca ofrece su visión de ese periodo, en una obra que busca, según sus autores, contribuir a la transmisión de la memoria política a las nuevas generaciones.

La Jornada del Libro Político, que alcanza este año su 35ª edición bajo el lema “S’engager” (Comprometerse), reúne a lo largo del día a autores, responsables públicos y expertos para debatir sobre la evolución de la participación política y los retos del debate público en la actualidad.

El Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha ratificado por mayoría absoluta la candidatura de Cristina Navarro Enterría como nueva directora gerente de la fundación. La decisión convierte a Navarro en la primera mujer que se sitúa al frente de la dirección de gerencia del principal centro de investigación oncológica de España.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona y con el título de Experto en Gestión de Servicios Sociales por la Universidad Complutense de Madrid, Navarro cuenta además con la cualificación de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en las tres especialidades: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología aplicada.

Funcionaria de carrera, acumula más de 25 años de experiencia en los tres niveles de la administración pública —local, autonómica y estatal—, con una trayectoria vinculada a las áreas clave de gestión del sector público institucional. A lo largo de su carrera ha trabajado en ámbitos como la tramitación normativa, la gestión económico-presupuestaria, los recursos humanos, la coordinación interdepartamental y la gestión de fondos europeos.

En la Administración General del Estado ha ocupado cargos de alta responsabilidad. Entre 2023 y 2026 ejerció como subsecretaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y actualmente desempeña el cargo de vocal asesora en el Ministerio de Hacienda.

El Patronato del CNIO considera que Navarro reúne “la experiencia y la capacitación técnica óptimas” para asumir la dirección administrativa del centro, destacando tanto su sólida trayectoria como gestora pública como su capacidad de liderazgo para afrontar las exigencias de un puesto clave en el funcionamiento del mayor instituto de investigación oncológica del país.

La polémica sobre las cuotas de los autónomos ha vuelto a situarse en el centro del debate político tras las declaraciones de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la respuesta del presidente de ATA, Lorenzo Amor.

Durante una comparecencia este viernes en Pamplona, tras reunirse con la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, Saiz afirmó con rotundidad que “no hay ninguna subida” de las cuotas para los autónomos ni “ninguna acción unilateral por parte del Gobierno” en este sentido.

La ministra pidió además que “se deje de jugar por intereses meramente partidistas y por demagogia con la protección de un colectivo que para el Gobierno de España es prioritario”. Saiz recordó que el actual sistema de cotización por ingresos reales se aprobó en 2022 tras un amplio acuerdo entre sindicatos, patronal y las principales organizaciones de autónomos —entre ellas UPTA, ATA y UATAE— siguiendo recomendaciones del Pacto de Toledo.

Según explicó, esa reforma supuso “una reivindicación histórica” que busca mejorar la protección social del colectivo, especialmente en materia de pensiones, incapacidad temporal y bajas laborales. También subrayó que el sistema pretende reducir las brechas de género existentes entre los trabajadores autónomos, donde las diferencias en pensiones pueden alcanzar unos 700 euros mensuales entre hombres y mujeres.

Saiz señaló que la norma aprobada en 2022 —el Real Decreto-ley 13/2022— establecía que a partir de 2026 la base de cotización de los autónomos societarios, familiares colaboradores y quienes no declaran ingresos se equipararía a la base mínima del régimen general. No obstante, aseguró que el Ministerio ha decidido que ese cambio se aplique finalmente a partir de la regularización prevista para 2028, decisión recogida en una orden ministerial que, según indicó, no recibió alegaciones durante su tramitación.

Críticas de ATA

Las declaraciones de la ministra fueron respondidas en redes sociales por Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos y vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Amor acusó al Gobierno de incumplir los compromisos del sistema acordado, recordando que la ley contemplaba una evaluación y revisión del modelo cada tres años, algo que, según denuncia, no se realizó en 2025.

“La ministra olvida que la ley obligaba a una evaluación y revisión del sistema cada tres años. En 2025 ni se evaluó ni se revisó; lo único que les importó fueron nuevos tramos subiendo la cotización un 35%”, afirmó.

El dirigente de ATA sostiene además que alrededor de un tercio de los autónomos podría ver incrementada su cuota mínima en 2026 en unos 135 euros mensuales, lo que supondría 1.620 euros más al año. Según su interpretación de la normativa, el cambio afectaría especialmente a más de 400.000 familiares colaboradores y unos 800.000 autónomos societarios, cuya base mínima pasaría de 1.000 a 1.424 euros, un aumento cercano al 42%.

Amor también critica que la prórroga de las cuotas de 2025 para 2026 no se aplique por igual a todos los autónomos, lo que —según afirma— generaría una desigualdad dentro del sistema dependiendo del tipo de autónomo.

El presidente de ATA asegura que la organización ya ha iniciado contactos con varios grupos parlamentarios para tratar de frenar esta medida y buscar una solución con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026. Además, advierte de que una parte importante de los afectados serían mujeres, muchas de ellas mayores de 50 años y residentes en el medio rural.

La controversia evidencia así el choque entre el Gobierno y una de las principales organizaciones del colectivo, en un debate que vuelve a poner sobre la mesa el impacto del nuevo sistema de cotización por ingresos reales en los más de tres millones de trabajadores autónomos en España.

Un hombre ha fallecido y 27 personas han resultado heridas tras la precipitación de una guagua por un barranco en la carretera GM-2, en el término municipal de San Sebastián de La Gomera, según ha informado el 112 Canarias a través de sus canales oficiales.

El accidente se ha producido en la tarde de este viernes, 10 de abril, y ha movilizado a un amplio dispositivo de emergencias integrado por efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), Guardia Civil, Protección Civil y personal de Medio Ambiente del Cabildo de La Gomera.

En un primer balance, el personal sanitario del SUC confirmó el fallecimiento de un varón, así como tres heridos de carácter grave y once con lesiones moderadas. Posteriormente, el 112 precisó que en la guagua viajaban 28 ocupantes —27 turistas de nacionalidad británica y el conductor—, resultando finalmente 27 heridos de diversa consideración, tres de ellos graves, que fueron trasladados al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, en La Gomera.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron un helicóptero medicalizado, tres ambulancias —dos de soporte vital avanzado—, además de un equipo médico del centro de salud, personal de Enfermería de la Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gomera y dos ambulancias de transporte sanitario no urgente.

A última hora de la tarde, dos helicópteros medicalizados del SUC procedían al traslado de dos de los heridos graves a hospitales de Tenerife: uno al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y otro al Hospital Universitario de Canarias.

Las circunstancias en las que se produjo la salida de vía y posterior caída por el barranco están siendo investigadas.