La Academia de Cine eligió este miércoles La bola negra, dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo, como representante española en la 99 edición de los premios de la Academia de Hollywood. El cineasta Alejandro Amenábar, ganador del Oscar a Mejor Película Extranjera por Mar adentro, acompañado por el presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite, y la notario Eva Fernández Medina, anunció la decisión de los académicos en un acto celebrado en la sede de la institución.

El segundo largometraje de Ambrossi y Calvo se estrenó en la Sección Oficial a Competición del pasado Festival de Cannes, donde obtuvo el premio a la Mejor Dirección. La película está protagonizada por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes y Lola Dueñas, y cuenta con las colaboraciones especiales de Penélope Cruz y Glenn Close.

La candidata española deberá esperar hasta el 15 de diciembre de 2026, fecha en la que se desvelará la shortlist de los Oscar, para conocer si continúa su carrera hacia la estatuilla a la Mejor Película Internacional. El 21 de enero de 2027 se conocerán las cinco películas nominadas en esta categoría, y la ceremonia de entrega de los premios tendrá lugar el 14 de marzo de 2027 en Los Ángeles.

Tras conocerse la noticia, el equipo de La bola negra compartió su alegría con los medios de comunicación. Desde el Festival de Toronto, donde acababan de presentar la película, intervinieron los directores, Javier Ambrossi y Javier Calvo, junto a los actores Carlos González y Milo Quifes. "Estar representado a nuestro país es un sueño", afirmaron los cineastas, que destacaron cómo la historia conecta tanto dentro como fuera de las fronteras españolas. "Es universal. Es impresionante cómo la hacen suya. La película está completamente en español y gente que no habla ni una palabra del idioma se queda; hay una conexión muy especial", relataron.

Ambrossi y Calvo afrontan ahora un largo camino de promoción de cara a los Oscar. "Vamos a vivir con una maleta durante muchos meses. Somos conscientes de ello y nos han avisado de que va a ser muy duro", reconocieron. "Con el apoyo de mi país quiero trabajar para que sea una realidad; hasta ahora no me lo había permitido pensar", confesó Ambrossi.

Por su parte, los productores Jorge Pezzi (Suma Content) y María Rubín (Movistar+), presentes en el acto de la Academia, subrayaron el intenso trabajo que afrontan, con Netflix como aliado en la distribución internacional. "Desde la plataforma nos han dicho que La bola negra, aunque mira al pasado, representa el futuro", explicaron los productores, para quienes las actuales previsiones de nominaciones suponen "posibilidades de que se viera reconocido el trabajo de todo el equipo".

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, como instructor de la causa del procés, ha desestimado la petición del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont de aplicación de la Ley de Amnistía a los hechos calificados provisionalmente como delito de malversación, como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 16 de julio. Al no prosperar dicha solicitud, el juez también rechaza alzar la orden nacional de detención contra él.

El magistrado desestima igualmente peticiones similares formuladas por el exconseller Antoni Comín. En su auto, recuerda que, tras la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, dictó ya una resolución el 1 de julio de 2024 denegando su aplicación al delito de malversación, al considerar que quedaba excluido de la misma por dos razones: la apreciación de un propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial y la consideración de que los hechos afectaban a los intereses financieros de la Unión Europea.

En el auto dictado ahora, Llarena destaca que la sentencia del TJUE impide mantener la segunda de esas razones, ya que el tribunal europeo ha descartado que exista una afectación de los intereses financieros de la UE derivada de la secesión de una parte del territorio nacional. Sin embargo, subraya que dicha sentencia no modifica el fundamento autónomo constitutivo de la primera razón esgrimida para excluir la aplicación de la amnistía, relativo al propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial.

El auto precisa que la desestimación de la nueva solicitud de amnistía de ambos procesados no se funda en que la interpretación europea carezca de relevancia, sino en que su efecto no alcanza al otro motivo que sustentaba su denegación.

Asimismo, el magistrado subraya que las sentencias dictadas hasta la fecha por el Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de la Ley de Amnistía no han resuelto la aplicación individual que se discute en esta causa. Así, indica el auto, no han dejado sin efecto la interpretación del beneficio personal realizada en el procedimiento, aunque tampoco constituyan una validación específica de dicha interpretación, sin que quepa anticipar el resultado de los recursos de amparo todavía pendientes.

El juez rechaza además las peticiones de inhibición en favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o de los juzgados de Barcelona, así como la solicitud de archivo de la causa por una supuesta vulneración del principio 'non bis in idem' —doble persecución punitiva de unos mismos hechos— derivada de la existencia de un procedimiento contable ante el Tribunal de Cuentas.

En cuanto a la petición de levantar la orden nacional de detención contra ambos procesados, el magistrado explica que esta se formulaba como consecuencia del archivo de la causa, de la alegada doble persecución o de la aplicación de la amnistía, de modo que, al no prosperar ninguna de esas solicitudes, tampoco procede el alzamiento de la medida cautelar por tales motivos.

El auto añade, no obstante, que "no declara irrevisables las medidas ni convierte la falta de amnistía en una justificación suficiente de cualquier restricción cautelar. Se limita a rechazar el levantamiento por las razones ahora formuladas, sin excluir el examen que proceda ante otras circunstancias concretas".

La Guardia Civil ha detenido a 29 personas e investiga a otras 57 en varias provincias del país como presuntas autoras de la comisión de 43 delitos de estafa, blanqueo de dinero y pertenencia a organización criminal. Todas ellas formaban parte de una red de ciberestafadores que operaba mediante un call center desde el que se hacía pasar por entidades bancarias para hacerse con las cuentas de sus víctimas.

La operación, bautizada como Ibermellow, comenzó el año pasado tras numerosas denuncias presentadas en Huesca con un mismo patrón, correspondiente a lo que se conoce como "smishing" y "vishing". Este tipo de ciberataque consiste, en una primera fase, en el envío de un SMS falso a la víctima haciéndose pasar por su banco, en el que se le alerta de un cargo de alto importe en su cuenta y se le facilita un número de teléfono para, supuestamente, paralizar la transacción. En una segunda fase, la víctima recibe una llamada de los propios delincuentes, que se hacen pasar por un gestor de la entidad bancaria y, mediante técnicas de ingeniería social y el uso de datos personales previamente obtenidos, consiguen que realice transferencias o contrate préstamos personales cuyo dinero termina desviado a otras cuentas.

Con este modus operandi, los delincuentes lograron estafar más de un millón de euros a un total de 43 víctimas, residentes en las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel.

Los análisis técnicos realizados a partir de la documentación aportada en las denuncias permitieron comprobar cómo el dinero desviado se movía por distintas cuentas bancarias para dificultar el seguimiento policial, siendo finalmente retirado en cajeros de Barcelona, Madrid y Murcia. Esta labor de trazabilidad bancaria permitió identificar a un amplio grupo de personas que actuaban como mulas económicas, es decir, individuos que prestan su cuenta bancaria, billetera virtual o datos personales para mover dinero de origen ilícito a cambio de una comisión, así como a los captadores de esas mulas y a los extractores del dinero estafado.

La primera fase del operativo se desarrolló en marzo, con entradas y registros en Badalona y Terrassa (Barcelona), Carabanchel (Madrid) y Cartagena (Murcia), que permitieron desarticular el call center —con capacidad para enviar más de 100.000 SMS falsos a la hora— y detener a cinco miembros de la cúpula de la organización. En esta fase se intervinieron 57.520 euros en efectivo, numerosos artículos de lujo, 365 tarjetas SIM, 176 tarjetas bancarias, 95 máquinas de envío masivo de SMS, 70 teléfonos móviles y diversa documentación empleada en la comisión de los delitos.

La segunda fase ha permitido desarticular por completo el sistema de blanqueo de capitales que la organización tenía distribuido por gran parte del territorio nacional, con la detención e investigación de mulas económicas, captadores y extractores de dinero, además de la recuperación de 256.708 euros de distintas cuentas bancarias controladas por los ciberestafadores.

El operativo ha sido desarrollado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Equipo Arroba de Huesca, con la colaboración de las Unidades de Seguridad Ciudadana (USECIC) de las Comandancias de la Guardia Civil de Madrid y Murcia y el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de las Zonas de la Guardia Civil de Barcelona y Valencia. En total, la operación se ha saldado con la detención de 29 personas y la investigación de otras 57, con registros y actuaciones en provincias como A Coruña, Álava, Alicante, Ávila, Badajoz, Barcelona, Cantabria, Cádiz, Córdoba, Gerona, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Murcia, Ourense, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valladolid, Valencia y Zaragoza.

Las diligencias han sido entregadas en los juzgados competentes de los partidos judiciales de Jaca (Huesca), Caspe, Daroca, La Almunia, Tarazona y Zaragoza (Zaragoza), y Alcañiz, Calamocha y Teruel (Teruel).

Consejos para evitar este tipo de estafas

Ante el smishing, la Guardia Civil recomienda no hacer clic en enlaces de SMS que alerten sobre supuestos movimientos bancarios, no instalar aplicaciones a petición de estos mensajes y, en caso de duda, verificar el aviso a través de la app oficial del banco, su teléfono legítimo o acudiendo presencialmente a una oficina, sin responder nunca al SMS recibido.

Frente al vishing, aconseja colgar ante llamadas que generen presión o urgencia, no facilitar nunca contraseñas, códigos PIN o claves completas por teléfono —algo que ninguna entidad bancaria solicita— y contrastar siempre la llamada contactando con el banco a través de un teléfono oficial conocido o de forma presencial, nunca devolviendo la llamada al número desde el que se ha recibido el contacto.

En caso de haber sido víctima de este tipo de fraude, la Guardia Civil recomienda formular denuncia en el acuartelamiento más cercano o a través de su Sede Electrónica, así como informarse a través del teléfono de la Central 062.

La Junta Electoral Central ha acordado dar cumplimiento a los autos dictados la semana pasada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (sección cuarta) del Tribunal Supremo, que resuelven la pieza de medidas cautelares abierta en los recursos 1013/2026 y 1015/2026. Ambos recursos fueron interpuestos por los partidos políticos Iustitia Europa y Vox contra el Acuerdo 204/2026, de 16 de julio, de la propia Junta Electoral Central.

Según recoge el documento, la Junta recibió el 10 de septiembre la notificación de los autos del alto tribunal, en los que se estima la medida cautelar solicitada por la representación de ambas formaciones políticas, en los términos establecidos en su parte dispositiva.

En ejecución de lo dispuesto por el Tribunal Supremo, la Junta Electoral Central ha acordado, en primer lugar, trasladar los autos a la Oficina del Censo Electoral para el cumplimiento de los apartados (i) y (ii) de su parte dispositiva.

En segundo lugar, la Junta ha requerido a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares que ordene a los encargados de los registros consulares expedir la correspondiente certificación acreditativa en aquellos casos de personas que, habiendo obtenido la nacionalidad española mediante el ejercicio del derecho de opción previsto en la Disposición Adicional 8.1 de la Ley 20/2022, hayan demostrado su condición de nacidas fuera de España, hijas o nietas de personas que originariamente fueron españolas y que sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual, perdiendo o renunciando a la nacionalidad española sin que se les hubiera aplicado la presunción establecida en la Directriz Séptima, IV.3.5.d) de la Instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

En tercer lugar, la Junta ha ordenado a la Oficina del Censo Electoral que, respecto de las personas mencionadas en los apartados (i) y (ii) de la parte dispositiva de los autos, proceda al desglose ordenado en el apartado (iv) de la resolución judicial.

Por último, el acuerdo señala que, una vez reciba el informe complementario de la Oficina del Censo Electoral, así como la propuesta de Instrucción dirigida por dicha oficina a las Oficinas Consulares —ambos requeridos por el Acuerdo 204/2026, de 16 de julio—, la Junta Electoral Central procederá a su examen de manera inmediata para la adopción del correspondiente acuerdo.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha rechazado el recurso de la encargada de un club de alterne condenada a seis años y cuatro meses de prisión por un delito de trata de seres humanos en concurso con otro relativo a la prostitución, y por un delito de favorecimiento o facilitación del tráfico ilegal de personas y de la inmigración clandestina. Además de la privación de libertad, la sentencia contemplaba seis años de libertad vigilada posterior y la responsabilidad civil de indemnizar a la víctima con 6.000 euros, extremos que el Tribunal Superior ha ratificado.

Conocida como 'Magdalena', la condenada gestionaba un club en la provincia de Zaragoza con la ayuda de su pareja, quien resultó absuelto de todos los cargos. Para mantener la actividad propia del negocio, contactaba con mujeres extranjeras, en su mayoría latinoamericanas, a las que proporcionaba los billetes de avión para facilitar su traslado a España, donde trabajarían en el club y le permitirían obtener beneficios económicos derivados de la prostitución que ejercían en el local, así como de las consumiciones de los clientes, de las que se quedaba con el 50% de su precio.

En este contexto, tras contactar con la víctima en Paraguay para ofrecerle un trabajo de camarera, en julio de 2022 la trajo a España y la llevó al club, donde le comunicó que debería ejercer la prostitución para compensar una deuda de 2.000 euros contraída con ella. La víctima permaneció tres días en el local hasta que fue ayudada a salir.

El tribunal ha rechazado aplicar la atenuante por dilaciones indebidas solicitada por los recurrentes, en base a dos argumentos principales. Por un lado, señala que los retrasos ocurridos en las medidas cautelares recayeron sobre una persona finalmente absuelta, sin que se haya demostrado que afectaran al procedimiento principal seguido contra la coacusada condenada. Por otro, advierte de que no es válido juzgar si el plazo del proceso fue excesivo utilizando el resultado final del juicio como referencia, ya que hacerlo implicaría, según los magistrados, un "sesgo retrospectivo", al valorar la duración que debió tener el procedimiento con información que solo se conoce una vez concluido este.

La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este lunes, en una entrevista concedida a El Intermedio, que en ningún momento se produjo una actitud pasiva por parte de Marruecos durante la crisis migratoria vivida en Ceuta el pasado 30 y 31 de julio, cuando cientos de personas migrantes accedieron a nado a las playas de la ciudad autónoma.

Sánchez ha pedido paciencia y ha situado a finales de año el plazo que se ha marcado el Ejecutivo para resolver la situación. Preguntado sobre si su Gobierno ha gestionado mal la crisis, ha evitado hacer una valoración tajante, limitándose a reconocer que se trata de una crisis humanitaria que requiere tiempo para alojar, clasificar e identificar a los migrantes antes de determinar si pueden acogerse al asilo o deben ser devueltos a sus países de origen.

El presidente ha negado de forma tajante que Marruecos esté ejerciendo algún tipo de chantaje sobre España ni que su Gobierno esté ocultando información al respecto. "Estos bulos que se están propagando, a lo mejor para una serie de Netflix, pues está bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos", ha declarado, insistiendo en que no existe información que acredite la autoría marroquí de lo ocurrido, aunque no ha descartado una "respuesta contundente" si llegara a probarse.

Sobre los avisos previos del CNI acerca de una posible llegada masiva de migrantes, Sánchez ha reconocido que hubo información, pero ha insistido en que no se anticipó la magnitud real de lo que finalmente sucedió. Según su relato, en los días previos ya se había detectado un repunte en las llegadas, aunque muy inferior al registrado durante las diez horas de la crisis, en las que, ha defendido, las autoridades marroquíes alertaron de la situación en lugar de mostrar pasividad.

El presidente ha apostado por reforzar la cooperación con Marruecos, especialmente en el ámbito europeo, como vía para contener los flujos migratorios y combatir a las mafias que los facilitan. Asimismo, ha anunciado que el Gobierno ha aprobado un plan extraordinario dotado con más de 300 millones de euros, de los que más de 80 millones se destinarán antes de que termine el año a paliar el impacto económico sufrido por Ceuta.

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) ha criticado con dureza la inacción del Ejecutivo al no llevar al Consejo de Ministros el Real Decreto-ley de vivienda, anunciado públicamente el pasado 29 de junio para el mes de julio y postergado a septiembre por la búsqueda de apoyos parlamentarios. Pese a que en la reunión del 8 de septiembre se trataron otras cuestiones del sector, la regulación comprometida para frenar la subida de precios continúa paralizada.

Desde el colectivo consideran "inadmisible" priorizar los tiempos políticos frente a la que ya es la principal preocupación de la ciudadanía según el barómetro del CIS. La organización denuncia que el retraso agrava la precariedad habitacional y obliga a las familias trabajadoras a destinar un porcentaje excesivo de sus salarios al pago del arrendamiento, corriendo el riesgo de ser expulsadas de sus barrios.

Medidas sobre el mercado de alquiler de vivienda y regulación de precios

Los sindicatos de inquilinas sostienen que la respuesta gubernamental debe ir encaminada a reducir de manera efectiva el importe de las rentas y rechazan que la ley suponga una simple concesión de incentivos fiscales a los arrendadores. Asimismo, exigen al Gobierno central la aprobación inmediata de la norma y la retirada de las modificaciones propuestas para la Ley del Suelo.

Entre las peticiones fundamentales del colectivo destaca la necesidad de garantizar la prórroga de los contratos de alquiler para frenar los desahucios invisibles. Del mismo modo, reclaman regular el alquiler de temporada y el alquiler de habitaciones, modalidades que en la actualidad se utilizan como vía de escape para esquivar la legislación sobre la vivienda habitual y limitar el rentismo especulativo.

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha confirmado la condena de un año de prisión a un hombre por intento de estafa procesal, relacionada con la falsificación de un documento privado. El caso se centra en el impago de 309,43 euros a una procuradora que el acusado contrató para representarlo en un procedimiento laboral. A pesar de los requerimientos por carta, teléfono y medios telemáticos, el acusado no pagó.

Durante el proceso judicial de Jura de Cuentas iniciado por la procuradora, el acusado presentó un escrito de alegaciones en el que afirmaba haber saldado la deuda con su letrado. Para respaldar su afirmación, adjuntó una factura de 2.077,60 euros con una supuesta firma digital del abogado. Sin embargo, el letrado desmintió la autenticidad del documento, lo que llevó a la condena por intento de estafa procesal.

El tribunal destaca los medios utilizados por el acusado

La defensa del acusado alegó que la sentencia no especificaba cómo se falsificó la factura. No obstante, el tribunal subrayó que las pruebas demostraron que el acusado tenía acceso a medios como el correo electrónico y WhatsApp. Además, se determinó que el documento falso fue presentado por el acusado, ya que le beneficiaba en el proceso judicial en detrimento de la procuradora.

A pesar de los intentos del acusado, la procuradora explicó que finalmente pudo cobrar la totalidad del dinero que se le debía. Los magistrados también señalaron que el acusado era consciente de su obligación de pagar por separado tanto a su abogado como a la procuradora, ya que ambos profesionales se lo habían indicado y las facturas eran independientes.

Una estudiante española de 21 años, Claudia Tacoronte Aguilera, ha sido asesinada en México, según ha confirmado este lunes la Universidad de Granada (UGR), institución en la que estaba matriculada. La joven se encontraba realizando una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) cuando fue asesinada en el municipio de Cuautla.

La UGR ha manifestado su "más firme repulsa y absoluta condena" ante el crimen a través de un comunicado, en el que ha trasladado sus condolencias, solidaridad y afecto a la familia, personas allegadas, compañeros y compañeras de la víctima. La institución ha señalado además la "necesidad imperativa de erradicar toda forma de violencia ejercida contra las mujeres".

El equipo de Gobierno de la universidad se ha puesto a disposición de las autoridades consulares de España en México y de la familia de la joven para prestarles el apoyo necesario.

Con motivo del asesinato, la Universidad de Granada ha convocado un minuto de silencio en memoria de Claudia este lunes, 14 de septiembre, a las 11.00 horas, en la puerta de todos sus centros de trabajo.

Los sindicatos médicos y facultativos de toda España han alcanzado un acuerdo unitario para fijar el próximo miércoles 28 de octubre como la fecha de inicio de una huelga indefinida estatal. La convocatoria conjunta surge como un rechazo frontal a la reforma del Estatuto Marco impulsada por el Ministerio de Sanidad, cuyo borrador ha iniciado su tramitación en el Congreso de los Diputados a pesar de la oposición tajante del colectivo profesional.

Las organizaciones sindicales, entre las que figuran ocho entidades representativas del sector y la Unión Médica y Facultativa, se han unido para mantener una estricta unidad de acción frente al proyecto normativo del Gobierno. A juicio de estos colectivos, el texto "no da respuesta a las reivindicaciones históricas del colectivo ni reconoce adecuadamente la singularidad, la responsabilidad y las especiales condiciones de formación y ejercicio de médicos y facultativos".

Reivindicaciones del sector y respuesta del Ministerio de Sanidad

En declaraciones a Radio Nacional, el secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Víctor Pedrera, ha criticado que el borrador "sigue manteniendo al médico fuera de su capacidad de negociar directamente con la administración todos aquellos asuntos que le conciernen directamente". Por este motivo, las organizaciones han apelado a los grupos parlamentarios para que presenten una enmienda a la totalidad que devuelva el texto al Ministerio.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido a los grupos parlamentarios que "se alejen del ruido" y tengan "altura de miras" para aprobar el proyecto normativo. Asimismo, la titular de Sanidad ha invitado a las fuerzas políticas a crear un "intergrupo" en la Cámara Baja para estudiar la viabilidad de un estatuto normativo específico para el colectivo médico.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este viernes en La Moncloa a representantes de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), en un encuentro en el que ha reiterado el compromiso del Ejecutivo para convertir la educación de 0 a 3 años en una etapa "universal, pública y gratuita" para todas las familias españolas.

La reunión, a la que también ha asistido la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha servido para que los representantes del colectivo expusieran sus principales reivindicaciones, centradas en mejoras laborales, una mayor financiación educativa y el desarrollo de una red de centros públicos.

El papel transformador de la educación infantil

Sánchez ha subrayado ante los representantes de la PLEI "el importante papel que desempeña la educación infantil como motor de igualdad de oportunidades", enfatizando la necesidad de situar la calidad de estos centros más allá de su función como herramienta de conciliación familiar.

"El Gobierno está comprometido en seguir trabajando para que la educación de 0 a 3 años sea universal, pública y gratuita para todas las familias, independientemente de su renta y del lugar donde residan", ha asegurado el presidente durante el encuentro.

Inversión y resultados

Para respaldar su compromiso, Sánchez ha citado las inversiones realizadas por el Ejecutivo en esta etapa educativa. Según ha destacado, el Gobierno ha destinado 670 millones de euros al refuerzo del primer ciclo de Educación Infantil y ha logrado crear más de 45.000 nuevas plazas públicas y gratuitas.

Estos datos han permitido elevar la escolarización temprana hasta el 56%, una cifra que refleja el avance en la cobertura de esta franja educativa en los últimos años.

Reforma normativa en marcha

El Ministerio de Educación trabaja actualmente en la actualización de la normativa que regula estos centros, con mejoras que no se limitan únicamente a las ratios estudiante-profesorado, sino que también abarcan la modernización de los espacios educativos.

Llamada a las comunidades autónomas

El presidente ha hecho un llamamiento expreso a las Comunidades Autónomas para que "ejerczan plenamente las competencias que tienen atribuidas en materia educativa" y ejecuten todos los recursos que el Estado transfiere para esta finalidad.

"Para mejorar el reconocimiento, la calidad y la extensión de esta etapa educativa también es necesario el compromiso del resto de administraciones", ha subrayado Sánchez, implicando a los gobiernos regionales en el proyecto de universalización de la educación infantil.

El hasta ahora jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, ha pedido este virrnes que se tramitara su renuncia al cargo con efectos inmediatos.

Según informa RTV Ceuta, Sanz justificó su decisión "por razones personales y familiares y por la evidente incompatibilidad entre mi afirmación de que la información de mensajería escrita que se transmitió por el CNI el día 29 de julio fue transmitida por mi persona al propio delegado ese mismo día y las distintas declaraciones del delegado en distintos medios en las que afirma no haber recibido información por mi parte".

La dimisión llega un día después de que el delegado del Gobierno, Pérez Triano, asegurara, tras la desclasificación de documentos, que el 29 de julio no tuvo conocimiento del intercambio de mensajes de WhatsApp entre el CNI y su Gabinete, y que tampoco conocía el contenido de la conversación telefónica que ambas partes mantuvieron a última hora de la tarde de ese mismo día, con una duración de 11 minutos.

Según recoge RTV Ceuta, Sanz ha querido dejar claro por escrito que toma esta decisión "sin la más mínima acritud hacia el delegado", y ha remarcado que sabe que "desde la Delegación del Gobierno se ha trabajado de forma denodada para lograr acciones por parte del Ejecutivo central desde el primer minuto", consciente de que existen informes que demuestran la labor de aviso y alerta que se realizó desde la Delegación del Gobierno hacia los distintos ministerios. Sanz ha cerrado su mensaje con la esperanza de que Ceuta "recupere cuanto antes la normalidad que tanto necesitamos".

El Tribunal Supremo ha ordenado suspender cautelarmente las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de las personas que han adquirido la nacionalidad española al amparo de la Disposición Adicional 8ª de la Ley de Memoria Democrática, conocida como la «Ley de Nietos».

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección cuarta, ha adoptado esta decisión en sendos autos dictados este 10 de septiembre de 2026, cuyo fallo fue adelantado hace unos días, después de estimar las medidas cautelares solicitadas por IUSTITIA EUROPA y VOX, que habían recurrido acuerdos de la Junta Electoral Central (JEC) al considerar que la aplicación del procedimiento de nacionalización se había realizado de forma irregular.

El Supremo establece que las nuevas inscripciones en el CERA deberán quedar suspendidas una vez finalizado el expediente de nacionalización y hasta que se dicte sentencia sobre el fondo del asunto. Asimismo, suspende los efectos electorales de quienes ya estén inscritos en el CERA, de modo que no puedan ejercer el derecho de voto en futuras elecciones mientras se resuelve el procedimiento.

La resolución contempla una excepción para aquellos casos en los que esté debidamente acreditado que el antepasado español fue exiliado por razones políticas, ideológicas o de creencia, sin aplicar la interpretación flexible recogida en la Instrucción de 2022.

Además, el Tribunal reclama que los expedientes sean desglosados entre aquellos que cumplen estrictamente los requisitos establecidos en la ley y los que se acogieron a la interpretación realizada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en octubre de 2022.

La decisión establece también plazos urgentes para la tramitación de esta cuestión. La Oficina del Censo Electoral deberá remitir un informe complementario en un plazo de 15 días y la Junta Electoral Central tendrá diez días para aprobar una nueva instrucción.

El Supremo aprecia un riesgo para la integridad electoral

Entre los argumentos utilizados para justificar las medidas cautelares, el Tribunal Supremo destaca el incremento registrado en el CERA desde las elecciones generales de 2023 hasta julio de 2026. En ese periodo, el censo de residentes ausentes aumentó en 408.262 electores.

El crecimiento también se ha reflejado en grandes ciudades. Madrid incorporó 115.572 nuevos electores y Barcelona, 43.439. El Supremo considera especialmente relevante que este incremento continúe produciéndose de manera mensual.

A juicio del Tribunal, existe un «peligro fundado, real y serio» de que esta situación pueda afectar a la «objetividad y transparencia del proceso electoral». La Sala aprecia además una «controversia jurídica seria» sobre la interpretación que se ha realizado de la normativa.

Por este motivo, considera justificado adoptar una medida provisional que permita mantener en suspenso las inscripciones mientras se resuelve el fondo del litigio.

Un voto particular cuestiona la suspensión

La resolución cuenta, no obstante, con un voto particular discrepante de al menos uno de los magistrados, que se opone a las medidas cautelares adoptadas.

Este magistrado considera que la Junta Electoral Central no tiene competencia para revisar la legalidad de las nacionalizaciones, una cuestión que corresponde a los órganos competentes en materia de nacionalidad. También sostiene que el acuerdo de la JEC recurrido no modifica por sí mismo el censo electoral, sino que se limita a solicitar información.

El voto particular advierte además de que la suspensión puede privar del derecho de sufragio a ciudadanos que han obtenido legalmente la nacionalidad española. A su juicio, la ponderación de intereses realizada por la mayoría no tiene suficientemente en cuenta el derecho de estos ciudadanos a ejercer sus derechos políticos mientras su nacionalidad continúe siendo válida.

También considera que no existe una «apariencia de buen derecho» suficiente para justificar la medida cautelar, ya que la propia existencia de votos particulares en la Junta Electoral Central demostraría que existe una controversia jurídica legítima y no una cuestión con una solución evidente.

Una cuestión pendiente de sentencia

Los recursos presentados por IUSTITIA EUROPA y VOX cuestionan la aplicación de la Disposición Adicional 8ª de la Ley de Memoria Democrática, que abrió una vía para que determinados descendientes de españoles exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura pudieran acceder a la nacionalidad española.

El Supremo deberá resolver ahora el fondo de los procedimientos y determinar si la aplicación de esta disposición y la interpretación realizada en 2022 se ajustaron a la legalidad.

Hasta entonces, las nuevas inscripciones afectadas quedarán suspendidas y también se mantienen suspendidos los efectos electorales de quienes ya figuren inscritos en el CERA en los términos establecidos por los autos. La medida tiene potencialmente alcance sobre decenas de miles de ciudadanos residentes en el extranjero.

El expresidente calificó al país como "aliado estratégico" y criticó el "prejuicio ideológico" del Gobierno de Sánchez en la política exterior española

El expresidente del Gobierno José María Aznar reclamó este 10 de septiembre "recuperar cuanto antes una relación normalizada" entre España e Israel en el plano político y diplomático, al considerar que se trata de "un aliado estratégico" cuyos beneficios deben primar sobre el "prejuicio ideológico o el oportunismo ventajista" que atribuyó al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Aznar realizó estas declaraciones en un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, donde presentó una conferencia de Dana Erlich, encargada de negocios y jefa de misión de la Embajada de Israel en España.

El 7 de octubre como "prueba moral"

El expresidente se refirió a los atentados perpetrados por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 y los definió como "no únicamente un atentado terrorista de dimensiones inéditas desde la Shoá, sino también una especie de prueba moral para las sociedades occidentales", que obligó a tomar posición. A su juicio, "muchas personas e instituciones reaccionaron ante la masacre con ambigüedad, frialdad o directamente justificándolo", como si en Occidente "hubiésemos empezado a no saber distinguir entre democracia y barbarie".

Aznar defendió que Israel representa, "con todas las imperfecciones que quieran reprochársele", una democracia liberal "basada en el pluralismo, los derechos individuales y la racionalidad política", frente a Hamás y sus aliados, a quienes describió como movimientos "capaces de glorificar el martirio, la destrucción y la violencia como ideales morales". Recordó también que los ciudadanos israelíes "pueden oponerse a su gobierno, pueden censurar su política de defensa y pueden sustituirlo por otro", una posibilidad que, dijo, no existe "en las sociedades sojuzgadas por el islamismo radical".

Por ello, defendió la necesidad de "compensar esa asimetría moral en los juicios fulminados contra Israel" y de deslindar "la crítica legítima del exabrupto antisemita".

Dos Estados y "victoria definitiva" sobre Hamás

En relación con la solución de dos Estados, Aznar sostuvo que la vía hacia "una expectativa real de paz" pasa por lograr que Hamás y cualquier otro grupo terrorista queden definitivamente fuera del futuro de Palestina. Afirmó que la "única apuesta realista" para la viabilidad de "un verdadero Estado palestino" es la victoria definitiva de Israel sobre Hamás "y el resto de proxis de Irán".

Críticas a la política exterior española

Sobre las relaciones bilaterales, Aznar se mostró convencido de que el esfuerzo diplomático "conseguirá limar asperezas y ampliar colaboraciones en toda Europa y también muy pronto aquí". Puso como ejemplo "el drama de Ceuta" para ilustrar, a su juicio, "las consecuencias de habernos enajenado la amistad de aliados relevantes" y alegó que "en un mundo cada vez más peligroso, importa más que nunca tener socios fiables".

El expresidente definió a Israel como "la línea de defensa más oriental de Occidente" y remarcó que "España debe recuperar cuanto antes una relación normalizada con Israel, la que nunca debió dejar de tener con un aliado estratégico que lo es por varias razones, todas ellas de mucha mayor entidad que el prejuicio ideológico o el oportunismo ventajista". "En las democracias, los gobiernos son pasajeros, pero los intereses nacionales son permanentes", subrayó.

Aznar concluyó su intervención advirtiendo de que "olvidar ciertas nociones preliminares de geografía e historia es un lujo que no nos podemos permitir porque siempre se paga un precio demasiado alto".

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la adquisición, manipulación y distribución ilícita de armamento a nivel nacional. La operación se ha saldado con seis personas detenidas y la incautación de 644 armas de fuego, miles de cartuchos, silenciadores y abundante material de modificación en la provincia de Girona.

La investigación se inició a comienzos del año 2026 tras detectar envíos sospechosos con identidades ficticias desde la Comunidad Valenciana. El seguimiento de los paquetes permitió interceptar en junio un envío en Badajoz con una pistola, un subfusil y un silenciador, lo que llevó a las primeras detenciones de la red de distribución.

Investigación policial sobre el suministro a bandas criminales

Las pesquisas policiales confirmaron que la trama abastecía a organizaciones dedicadas al narcotráfico y secuestros. Tras la detención de un intermediario en Valencia el 29 de junio, los investigadores localizaron al principal proveedor en L´Escala y a un armero con formación en el ejército ruso.

El técnico operaba en un taller oculto en un trastero de Figueres, donde transformaba armas de fogueo y trauma en armas de fuego real con munición recargada. Tras interceptar un subfusil con el número de serie borrado en agosto, la Policía realizó las entradas y registros judiciales.

Taller clandestino en Figueres e ingreso en prisión

En el registro del trastero se hallaron 631 armas de fuego, subfusiles, rifles sustraídos, piezas esenciales y silenciadores en distintas fases de modificación. La operación ha culminado con el ingreso en prisión del especialista armero, considerado un objetivo de alto valor para la Unión Europea, mientras la causa continúa abierta tras una última detención en Barcelona.

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha reivindicado este miércoles que "la independencia judicial no constituye una excepción al principio democrático, sino una de sus garantías", en un discurso pronunciado en el acto de apertura del Año Judicial 2026-2027, presidido por el rey en el Salón de Plenos del alto tribunal.

Perelló ha defendido que la democracia constitucional "no se agota en la regla de la mayoría", sino que se asienta también en el reconocimiento de derechos cuya efectividad no puede depender de la posición política, social o económica de quien los invoca, de modo que los tribunales han de resolver conforme a lo que dispone el Derecho, "sin presiones directas ni indirectas". "Solo juzga conforme a la ley quien no está sometido a nada más; precisamente por ello el Estado de Derecho requiere de un Poder Judicial independiente", ha afirmado.

"La crítica fundada siempre será bienvenida"

La presidenta del TS y del CGPJ ha reconocido que los jueces pueden incurrir en errores en la aplicación del Derecho, una posibilidad que, según ha señalado, asume el propio ordenamiento a través de un sistema garantista de recursos para revisar y, en su caso, corregir las actuaciones judiciales. Ha subrayado igualmente que las decisiones judiciales no están sustraídas al debate público: "La crítica fundada contribuye a mejorar nuestra Justicia y, por eso, siempre será bienvenida, por severa que pueda ser".

No obstante, ha advertido de que "la discusión jurídica sobre las razones de una resolución no puede ser sustituida por la atribución al juez de propósitos políticos o ideológicos a partir de la mera discrepancia con lo resuelto", ya que ello desconoce la naturaleza de la función que la Constitución encomienda en exclusiva a jueces y magistrados. "Cuando la crítica a una resolución se transforma en una descalificación personal de quien la dicta, el daño no se limita al juez ni al asunto concreto: se proyecta sobre la función jurisdiccional y debilita la confianza de los ciudadanos en la Justicia", ha señalado, para añadir que la gravedad es mayor "si esas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales".

Perelló ha sostenido que la deslegitimación sistemática de los jueces y tribunales "erosiona" el Estado de Derecho, y ha recordado que la lealtad institucional exige que los poderes del Estado respeten la función que la Constitución asigna al Poder Judicial como "un verdadero contrapeso de los demás poderes del Estado, según la teoría constitucional de los balances". Al mismo tiempo, ha reconocido que la función judicial exige también de quienes la desempeñan "mesura en el ejercicio de sus atribuciones" y prudencia en sus intervenciones públicas.

Búsqueda de consensos en el Consejo

La presidenta del CGPJ ha repasado la labor desarrollada por el órgano de gobierno de los jueces durante el último año, entre ellas la culminación de la normalización de la situación en la que se encontraba la Justicia, con un total de 198 nombramientos de cargos gubernativos y de magistrados y magistradas del Tribunal Supremo, con un 40% de mujeres designadas; el cumplimiento en plazo del informe sobre el nombramiento de los vocales de procedencia judicial establecido en la Ley Orgánica 3/2024; el dictado de una Instrucción sobre Inteligencia Artificial; la actualización de los reglamentos de la Carrera Judicial; y la aprobación de una guía práctica para la protección de los derechos de las personas con discapacidad en el proceso penal.

"Todos estos logros se han conseguido partiendo de la pluralidad del Consejo, que comporta la existencia de posiciones distintas sobre muchas cuestiones pendientes", ha señalado Perelló, quien ha reiterado su compromiso de trabajar por alcanzar "los más amplios consensos", ejerciendo un papel imparcial y neutral, con el objetivo de que las decisiones del órgano estén al servicio de la Justicia y del interés general, "y nunca al servicio de otros intereses".

Un importante déficit de jueces pese al impulso de nuevas plazas

En cuanto a la situación de la Justicia, Perelló ha advertido de que el sistema judicial "no tiene capacidad para absorber todo el trabajo que entra", lo que ha supuesto en el último año un incremento de los asuntos pendientes, y ha insistido en que la duración de los procesos judiciales sigue siendo, como regla general, "excesiva": "Una vez más hay que afirmar que una justicia tardía no es una verdadera justicia ni es una justicia eficaz".

La presidenta se ha detenido especialmente en la situación de la Sala Primera del Tribunal Supremo, que calificó de "especialmente preocupante" por la acumulación de asuntos que compromete sus tiempos de respuesta, y ha señalado como "inadmisible" el incumplimiento, desde hace más de diez años, del mandato legal para que el Gobierno remitiera a las Cortes un proyecto de ley de Estatuto del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Sobre los tribunales de instancia, ha reconocido que la transformación de los juzgados unipersonales está generando dificultades que es necesario atajar, como la falta de adaptación de instalaciones y sistemas informáticos, la reducción de personal o la pérdida de contacto del juez con la Oficina Judicial.

Pese a destacar la creación de 500 unidades judiciales que entrarán en funcionamiento en 2027 y la convocatoria de 500 plazas de acceso a la Carrera Judicial, Perelló ha advertido de que "sigue habiendo un importante déficit de jueces", recordando que la tasa de jueces por habitante en España está por debajo de la media europea, y que el CGPJ estima necesario convocar 367 plazas cada año durante los próximos diez años para cubrir las vacantes previstas.

Referencia a Ceuta y reconocimiento a jueces en destinos con mayor carga

La presidenta del TS y del CGPJ ha manifestado además su preocupación por la persistencia de la violencia contra las mujeres, defendiendo que la especialización judicial y las medidas de protección exigen una actuación coordinada entre todas las instituciones competentes. Ha trasladado también un reconocimiento especial a los jueces y magistrados que sirven en destinos con mayores cargas y dificultades, así como a quienes han intervenido en sucesos como el accidente ferroviario de Adamuz o los incendios forestales de este verano, trasladando sus condolencias a las familias de los fallecidos.

En referencia a la crisis migratoria de Ceuta, Perelló ha recordado de manera especial a las personas fallecidas y ha afirmado que "los ciudadanos pueden confiar en el compromiso del Poder Judicial con el Estado y en que los jueces van a seguir trabajando, velando por los derechos de los afectados y por el cumplimiento de la ley". La presidenta ha concluido que la situación que atraviesa Ceuta "exige una respuesta que preserve la integridad de nuestras fronteras y el control ordenado de los accesos y que garantice, al mismo tiempo, la aplicación de las garantías previstas en nuestro ordenamiento".

Las comunicaciones internas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) dirigidas a la Delegación del Gobierno en Ceuta y a la Guardia Civil sacan a la luz la gestión preventiva ante los episodios de tensión en la frontera sur. Los mensajes intercambiados a finales de julio de 2026 reflejan cómo los servicios de inteligencia detectaron con antelación llamamientos masivos en redes sociales para intentar entradas a nado y saltos a la valla perimetral, coordinados con fechas señaladas en Marruecos como la Fiesta del Trono.

A pesar de la precisión de las advertencias emitidas por el CNI, las respuestas del ámbito institucional muestran la complejidad y los matices en la coordinación operativa. Ante alertas que advertían de convocatorias en plataformas digitales con audiencias que sumaban hasta 180.000 seguidores, la interacción diaria evidenció diferencias de ritmo entre el análisis de inteligencia y la respuesta administrativa. Este escenario abre un debate sobre la suficiencia de los protocolos de actuación e infraestructura de seguridad en las zonas de frontera.

Coordinación operativa e inteligencia preventiva ante las alertas en Ceuta

El seguimiento de los perfiles digitales por parte del CNI permitió identificar convocatorias de asalto e informaciones no confirmadas sobre posibles acuerdos bilaterales de devolución de migrantes. La comunicación fluida entre el CNI, la Guardia Civil y las autoridades gubernamentales es pilar fundamental para la seguridad nacional; sin embargo, el contenido de las conversaciones pone de manifiesto los retos organizativos cotidianos a los que se enfrentan las fuerzas de seguridad ante el volumen cambiante de las dinámicas migratorias.

Koldo García, ex edil de Huarte y ex asesor del exministro José Luis Ábalos, ha negado esde la prisión madrileña de Soto del Real haber recibido 300.000 euros en metálico de manos del comisionista Víctor de Aldama para financiar de manera irregular al PSOE, según ha avanzado este miércoles elDiario.es. La versión desmentida procedía de una información publicada hace unos días por El Mundo, según la cual Aldama declaró ante un juez de la Audiencia Nacional haber entregado esa cantidad a García como parte de una operativa destinada a canalizar fondos millonarios al partido y a la Internacional Socialista.

En un audio difundido desde la cárcel, García calificó la noticia de "totalmente falso" y aseguró que no existe prueba alguna que la respalde. Anunció, además, que abrirá una cuenta personal en redes sociales, emulando a Ábalos, para contar su propia versión de los hechos, ya que, según recogió elDiario.es, la considera "la única solución para desmentir todas las falsedades" que se vierten sobre su persona.

El caso se enmarca en la pieza secreta que instruye el juez Ismael Moreno sobre los pagos en metálico del PSOE, desgajada de la causa Koldo tras la sospecha del magistrado del Supremo Leopoldo Puente de que el manejo de tiques de gastos en el partido pudo servir para blanquear dinero a los investigados García y Ábalos.

Sobre esta cuestión se pronunció también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien, en la entrevista concedida este miércoles al programa Mañaneros 360 de TVE, defendió que "no hay financiación irregular del Partido Socialista" y recordó que la formación entregó toda su documentación contable desde 2014. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció este miércoles en el programa Mañaneros 360 de TVE, entrevista a la que llegó directamente desde el Congreso de los Diputados tras someterse a la primera sesión de control al Gobierno del curso político. Durante la conversación, el jefe del Ejecutivo abordó la crisis migratoria de Ceuta, la suspensión cautelar del voto de los nietos de exiliados, el dossier de periodistas elaborado en el Ministerio del Interior, los procesos judiciales que afectan a su entorno familiar y al PSOE, y el calendario electoral de cara a 2027.

Crisis migratoria en Ceuta

Preguntado por la gestión de la crisis migratoria vivida los días 30 y 31 de julio, cuando entraron en Ceuta más de 70.000 personas en una ciudad de poco más de 80.000 habitantes, Sánchez reconoció margen de mejora en dos ámbitos: la preparación del Estado frente a lo que calificó de "ataques híbridos" y la necesidad de reforzar las infraestructuras de acogida en las ciudades autónomas. Precisó que los informes de situación previos a esas fechas registraron un repunte de llegadas a nado, pero en ningún caso anticiparon una entrada masiva de esa magnitud.

El presidente detalló que el Gobierno trabaja para elevar a 6.000 las plazas activadas para migrantes en Ceuta, frente a las poco más de 1.000 con las que arrancó la crisis y las 3.500 actuales, y recordó que desde el 10 de agosto más de 4.500 personas han retornado voluntariamente a Marruecos. Defendió además la decisión de no emplear la fuerza contra los recién llegados, en su mayoría menores y jóvenes, frente a lo que consideró sugerencias de la oposición favorables a una respuesta armada.

Sánchez avanzó que el Rey visitará próximamente Ceuta y Melilla, con fechas que se comunicarán conjuntamente entre el Gobierno y la Casa Real, y no descartó que el viaje se produzca este mismo mes, después de las elecciones en Marruecos. Sobre la magistrada María Tardón, declarada competente por la Audiencia Nacional para investigar la entrada masiva a Ceuta, el presidente admitió como "hecho objetivo" su pasado como concejala del Ayuntamiento de Madrid por el Partido Popular, aunque defendió que ello no está reñido con su imparcialidad como jueza.

Ley de Nietos y suspensión cautelar del voto

El presidente rechazó la resolución del Tribunal Supremo que suspendió cautelarmente el derecho a voto de los descendientes de exiliados nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática, vigente desde 2022. Sánchez recordó que bajo esa norma ya se celebraron las elecciones generales de 2023, en las que el Partido Popular ganó en el voto exterior, y reprochó a esa formación un cambio de posición que atribuyó a una corriente de cuestionamiento de los procesos democráticos por parte de la derecha y la ultraderecha. Pidió al Tribunal Supremo que resuelva la cuestión antes de las elecciones de 2027.

Dossier de periodistas y libertad de prensa

Preguntado por el listado elaborado en el Ministerio del Interior con periodistas y su supuesta ideología, Sánchez afirmó desconocer su existencia y calificó el documento de "poco apropiado", aunque lo describió como un documento interno de trabajo del gabinete de comunicación del ministerio. Aseguró que el Gobierno respeta la autonomía e independencia de los medios de comunicación.

Procesos judiciales y financiación del PSOE

El presidente defendió la inocencia de su esposa, Begoña Gómez, pendiente de juicio por parte del juez Peinado, y de su hermano, David Sánchez, condenado a nueve años de inhabilitación, y anunció que recurrirán la sentencia. Enmarcó ambos procesos en lo que calificó de acoso de asociaciones ultraderechistas contra su familia. Sobre la investigación de la Audiencia Nacional a las cuentas del PSOE, tras las declaraciones del empresario Víctor de Aldama sobre un contrato de 15 millones de euros, Sánchez negó cualquier financiación irregular del partido y remitió al informe de Transparencia Internacional, que sitúa al PSOE como el más transparente de los grandes partidos españoles.

Calendario electoral

Sánchez descartó de nuevo la convocatoria de un "superdomingo electoral" que agrupe comicios autonómicos, municipales y generales, y reiteró que decidirá el momento de la convocatoria en función del interés general, aunque situó 2027 como año de referencia para las legislativas. Confirmó su intención de volver a presentarse como candidato del PSOE, condicionada al proceso de primarias del partido.

Informe PISA

El presidente también se refirió a los últimos resultados del informe PISA, que constatan una caída de la comprensión lectora y las matemáticas entre los jóvenes en los países desarrollados, y la vinculó al uso desproporcionado de dispositivos digitales y redes sociales. Reclamó la aprobación en las Cortes Generales del proyecto de ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha dictado una sentencia de seis años de prisión para una mujer que intentó asesinar a su pareja tras sedarlo con diazepam en unas crepes. Los hechos ocurrieron el 8 de julio de 2024, cuando la acusada preparó las crepes con el medicamento y las ofreció a la víctima. Aprovechando su estado de inconsciencia, la mujer intentó asfixiarlo con una almohada y simular un suicidio.

El tribunal confirma el intento de asesinato con alevosía

El tribunal ha considerado probado que la mujer actuó con «ánimo de causar su muerte y simular un suicidio», realizando cortes en los brazos de la víctima y tratando de asfixiarlo. La Sección Segunda de la Audiencia vizcaína determinó que la acusada utilizó un medio secreto y seguro al incorporar un psicofármaco en los alimentos, eliminando así el riesgo de defensa de la víctima. La acusada reconoció los hechos durante el juicio, confirmando la falta de controversia entre las partes.

La sentencia considera los actos como constitutivos de un delito de asesinato en grado de tentativa, al no lograrse el objetivo final por causas ajenas a la voluntad de la acusada. La alevosía se determinó por el uso del diazepam, un psicofármaco del grupo de las benzodiacepinas, como medio para incapacitar a la víctima. El tribunal destacó que, aunque la intención era acabar con la vida de la pareja, el delito quedó en grado de tentativa.

Agravantes y atenuantes en la condena

En el fallo, la Audiencia Provincial de Bizkaia ha tenido en cuenta la agravante de parentesco y las atenuantes de alteración psíquica y reparación del daño causado. La alteración psíquica se fundamentó en un informe de la Unidad de Valoración Integral Forense (UVIF), que evidenció un menoscabo leve en las capacidades intelectivas y volitivas de la acusada, afectando su toma de decisiones. La mujer presentaba un «estilo disfuncional de la personalidad» en un contexto de «ruptura de la pareja», lo que contribuyó a la atenuante.

Respecto a la reparación del daño, la acusada ha reconocido la totalidad de los hechos y ha mostrado un «arrepentimiento total y sincero». Además, ha consignado 55.480 euros en concepto de indemnización para la víctima en octubre de 2025. La Audiencia considera esta acción como una atenuante muy cualificada de reparación del daño.

Además de la pena de cárcel, la Audiencia de Bizkaia ha impuesto la retirada de la patria potestad sobre el hijo común y ha establecido una prohibición de comunicación y acercamiento a la víctima a menos de 200 metros durante doce años. Esta medida busca proteger a la víctima y asegurar que no se repitan situaciones de riesgo.

Finalmente, es importante destacar que la sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Este recurso podría modificar la condena impuesta o confirmar la decisión de la Audiencia Provincial de Bizkaia.