La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, ha anunciado este lunes la puesta en marcha de una Comisión de Investigación centrada en la gestión de RTVE. Según la dirigente popular, el objetivo de esta iniciativa es "rescatar y regenerar" la radiotelevisión pública, que a su juicio ha pasado de ser un servicio para todos los ciudadanos a convertirse en una herramienta de propaganda al servicio exclusivo del presidente del Gobierno.

García ha calificado la situación actual como "preocupante", señalando que RTVE es un ejemplo más de la supuesta estrategia de Pedro Sánchez para ocupar las instituciones del Estado. En su intervención, ha denunciado que el modelo actual prioriza el "sectarismo y la radicalidad" frente al rigor y la neutralidad que deberían regir en un ente financiado con fondos públicos.

Denuncias de pérdidas millonarias y "purgas" profesionales

Uno de los ejes centrales de la comisión será el análisis de la situación financiera de la Corporación. La portavoz del PP ha criticado el aumento del gasto en productoras externas y personal ajeno a la casa, lo que, en sus palabras, "deteriora la calidad informativa y daña la reputación de la cadena". Además, ha puesto el foco en la gestión de los fondos europeos, citando una supuesta devolución de 30 millones de euros y el pago de intereses de demora por valor de 1,3 millones.

En el ámbito profesional, Alicia García ha acusado al Ejecutivo de convertir a RTVE en una "maquinaria de control". Entre las acusaciones más graves destacan:

• Listas negras: Denuncia de supuestas purgas de voces independientes y elaboración de listados de colaboradores.

• Fraude en oposiciones: Señala irregularidades en los procesos de acceso al empleo público dentro del ente.

• Ingeniería contable: Alerta sobre una posible "quiebra sostenida" de las cuentas de la Corporación.

Exigencia de responsabilidades en el Senado

La portavoz popular ha señalado directamente a José Pablo López como responsable de la supuesta minimización de informaciones relacionadas con casos de corrupción que afectan al entorno del Gobierno. Según García, el PP utilizará esta comisión para que quienes hayan "dilapidado fondos públicos o manipulado procesos" asuman las consecuencias de sus actos ante la cámara alta.

Con esta medida, el principal partido de la oposición busca forzar una rendición de cuentas sobre el modelo de administrador único y la gestión de los recursos de la televisión pública, en un momento de alta tensión política y fiscal en el país.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido este jueves en la VI edición del Foro Económico de elDiario.es, donde ha alertado sobre las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, calificándolo como una "catástrofe" que amenaza con provocar un "terremoto económico global". Bajo el lema 'El liderazgo de España en la estrategia europea', Sánchez ha defendido la necesidad de convalidar el nuevo Real Decreto-ley de medidas de alivio para proteger el poder adquisitivo de las familias y la viabilidad de las pymes.

"La guerra la iniciaron mandatarios de países extranjeros, pero no podemos permitir que la paguen los 20 millones de hogares españoles", ha aseverado el jefe del Ejecutivo. En su discurso, ha apelado al "sentido de Estado" de las fuerzas parlamentarias para garantizar la reducción de la factura de la luz y el apoyo a autónomos y al sector agrario, sectores que sufren una escalada de precios ajena a su gestión.

Crecimiento económico y éxito del Plan de Recuperación

Sánchez ha recordado que España cuenta con unos "sólidos cimientos" para afrontar estos embates, tras conocerse los datos del INE que sitúan el crecimiento del PIB en un 2,8% en 2025, el doble de la media de la Unión Europea. El presidente ha vinculado este éxito estructural al despliegue de los fondos Next Generation, informando que España ya ha solicitado el sexto pago, lo que supone haber alcanzado el 75% de los fondos asignados.

Entre los hitos del Plan de Recuperación, ha destacado la reducción de la temporalidad laboral en diez puntos y el impulso histórico a la Formación Profesional. Asimismo, ha defendido la transición energética como escudo frente a choques externos, señalando que la electricidad en España es actualmente hasta cuatro veces más barata que en países como Italia gracias a la apuesta por las energías renovables.

Innovación aeroespacial: 325 millones para satélites

En el ámbito de la soberanía tecnológica, el presidente ha anunciado una inversión de 325 millones de euros para el desarrollo de la Constelación Atlántica de Satélites Ampliada (ESCA+). Este proyecto, canalizado a través de la Agencia Espacial Europea, contempla la construcción de tres nuevos satélites destinados a mejorar la respuesta ante eventos climáticos extremos y reforzar el liderazgo de España en el sector aeroespacial.

Una hoja de ruta para la autonomía de Europa

De cara al futuro de la Unión Europea, Sánchez ha marcado cuatro prioridades estratégicas: culminar el mercado interior, reforzar los bienes públicos europeos, fortalecer la soberanía financiera y apuntalar el pilar social. El mandatario ha rechazado las propuestas de incrementar el gasto militar hasta el 5% del PIB, apostando en su lugar por invertir en la industria europea y la cooperación tecnológica.

"Nos estamos jugando la posibilidad de ser una Europa mucho más autónoma, sólida y resiliente", ha concluido, reivindicando un liderazgo europeo basado en la unidad y la responsabilidad para evitar que el ahorro comunitario siga buscando oportunidades fuera del continente.

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del Partido Popular, Elías Bendodo, ha cargado duramente contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien responsabiliza de bloquear el uso de los remanentes municipales para la construcción de vivienda. Bendodo ha denunciado que el Ejecutivo central trata a los consistorios como una "administración de segunda", impidiéndoles utilizar sus ahorros para resolver uno de los principales problemas sociales de la ciudadanía.

La crítica se produce en el marco de la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), un órgano de interlocución que, según el dirigente popular, se ha convocado únicamente por decisión judicial. Bendodo ha lamentado que el Gobierno haya eludido su obligación de reunir este foro dos veces al año, permaneciendo inactivo desde septiembre de 2022, lo que califica como un "grave error" de gestión y un desprecio a los alcaldes.

Deuda millonaria y presupuestos generales

Desde Madrid, el portavoz del PP ha urgido al Gobierno a presentar los Presupuestos Generales del Estado para actualizar los anticipos a cuenta. Según sus cálculos, la falta de estas cuentas está provocando una pérdida de 500 millones de euros para las arcas locales, cifra que se suma a una deuda pendiente de 3.000 millones de euros en concepto de compensaciones por el impuesto de plusvalías y el transporte durante la crisis del coronavirus.

"Hace cuatro años que el Gobierno no quiere saber nada de los problemas de los vecinos", ha aseverado Bendodo, quien sostiene que el Ejecutivo "castiga" a los ayuntamientos por estar gobernados mayoritariamente por el PP. En este sentido, ha exigido que cualquier debate sobre la financiación autonómica se realice de forma simultánea a la creación de un nuevo modelo de financiación local que garantice la suficiencia económica de los municipios.

Críticas a la gestión sectorial y política internacional

Bendodo también ha aprovechado su intervención para ironizar sobre la campaña socialista en Andalucía, sugiriendo la presencia del ministro Óscar Puente tras sus polémicas gestiones ferroviarias. Asimismo, ha cuestionado la coherencia del Ejecutivo en política exterior, señalando que el discurso del "no a la guerra" se contradice con el envío de buques militares a zonas de conflicto.

Finalmente, el dirigente ha hecho una mención especial al caso de Noelia Castillo, calificándolo como un "fracaso del Estado" y de la sociedad en su conjunto, instando a todas las formaciones políticas a realizar una profunda reflexión sobre la protección ciudadana y la seguridad pública.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado oficialmente la disolución del Parlamento de Andalucía y la firma del decreto de convocatoria de elecciones autonómicas, las cuales se celebrarán el domingo 17 de mayo de 2026.

Esta decisión pone fin a las especulaciones sobre el calendario electoral y activa de forma inmediata la maquinaria de los partidos políticos. Moreno ha justificado este movimiento en la necesidad de renovar el mandato democrático para afrontar los retos económicos y sociales que la comunidad tiene por delante, buscando una estabilidad institucional que permita ejecutar los presupuestos y proyectos clave sin bloqueos legislativos.

El camino hacia las urnas y la estrategia de la Junta de Andalucía

La elección del 17 de mayo no es casual. El Ejecutivo busca un clima de movilización antes del periodo estival, centrando el debate en la gestión realizada durante los últimos años. Con la publicación del decreto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), el Parlamento quedará disuelto y se abrirá el periodo de campaña electoral, donde la economía, el empleo y la sanidad se perfilan como los ejes centrales de la contienda.

Los sondeos previos y la intención de voto marcarán una campaña en la que Juanma Moreno aspira a revalidar su liderazgo, mientras que la oposición deberá redefinir sus estrategias para intentar un cambio de ciclo en el Palacio de San Telmo.

Impacto de la convocatoria electoral en el panorama nacional

La cita con las urnas en Andalucía es observada con lupa desde Madrid, ya que los resultados en la comunidad más poblada de España suelen actuar como un termómetro político a nivel estatal. La movilización del electorado andaluz el próximo 17 de mayo será determinante para medir el desgaste o el refuerzo de las actuales alianzas parlamentarias.

La portavoz del GPP en el Senado, Alicia García, ha protagonizado un tenso rifirrafe en la cámara alta con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Durante la sesión de control al Gobierno, García ha censurado el reciente viaje de la ministra a la gala de los Óscar, señalando que mientras muchos españoles se ven obligados a elegir entre "llenar la nevera o el depósito", la titular de Trabajo optó por "desfilar por la alfombra roja".

La dirigente popular ha denunciado que el coste del billete de ida para este desplazamiento ascendió a 7.000 euros, criticando que se realizara en clase business. En un tono irónico, García sugirió que Díaz quizá esperaba recoger un premio por la película "La gran estafa" o por el "escaño cero en Castilla y León", calificando su gestión de "comunismo de pancarta".

El impacto de la guerra y la subida de precios en el Senado

La intervención de Alicia García ha puesto el foco en la inacción gubernamental tras el inicio de la guerra con Irán hace 18 días. Según la portavoz, el Ejecutivo no ha implementado medidas efectivas para paliar el alza de los precios que afecta a las familias. "Usted anunció medidas hace una semana que duraron menos que un café en el Consejo de Ministros", ha reprochado, anunciando que el Senado priorizará la aprobación del Plan del PP frente a la parálisis ministerial.

Tensión política y el futuro de la coalición de Gobierno

Bajo el lema de que el Gobierno "con una mano levanta la pancarta y con la otra hace caja", la portavoz popular ha cuestionado la relevancia actual de Yolanda Díaz dentro del gabinete de Pedro Sánchez. García ha preguntado directamente a la ministra si le compensa sufrir "humillación tras humillación" tras el supuesto reseteo de la legislatura.

Finalmente, la senadora ha criticado lo que denomina como "dignidad fija discontinua" de la ministra de Trabajo, acusándola de ser la acompañante necesaria en un contexto de sospechas de corrupción. Concluyó su intervención con un eslogan tajante: "No a Yolanda, no a Sánchez", asegurando que es el sentir de los ciudadanos en las urnas.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha protagonizado este sábado un acto de campaña en Soria donde ha criticado duramente la postura de la oposición. Sánchez ha afirmado que el PP y Vox practican lo que ha denominado como "noísmo", una estrategia basada en rechazar sistemáticamente las propuestas del Ejecutivo, incluso cuando estas defienden el derecho internacional y la paz.

Durante su intervención, el líder socialista ha vinculado la situación geopolítica actual con la soberanía nacional, señalando que los líderes de la derecha, Feijóo y Abascal, demuestran "servilismo" al apoyar conflictos bélicos externos que encarecen el coste de la vida para agricultores y familias. "Este no a la guerra es mucho más que un sí a la paz; es un sí a la soberanía de la nación española", ha subrayado el presidente ante la militancia.

Elecciones en Castilla y León: el 15 de marzo

En clave autonómica, Sánchez ha pedido el voto para el candidato socialista a la presidencia de la Junta, Carlos Martínez, asegurando que es necesario un gobierno progresista en la comunidad para avanzar "codo con codo" con el resto de España. Por su parte, Martínez ha declarado que el modelo de Mañueco está "caducado" y ha instado a la movilización masiva para el próximo 15 de marzo con el objetivo de empezar a gobernar al día siguiente.

Reivindicación del feminismo ante el 8M

Con la cercanía del Día Internacional de la Mujer, el presidente ha reafirmado el compromiso del PSOE como partido feminista. Ha destacado medidas como la subida del SMI como políticas de igualdad reales y ha hecho un llamamiento a los jóvenes para combatir la ola reaccionaria. En el acto también ha participado Ana Redondo, ministra de Igualdad y presidenta del PSOE CyL, quien ha criticado las tres décadas de políticas del Partido Popular en la región, denunciando la pérdida de población como una "enmienda a la totalidad" de su gestión.

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, ha lanzado una dura crítica contra Vox tras su negativa a apoyar la investidura de María Guardiola en Extremadura. Bendodo ha lamentado que la formación de Santiago Abascal haya unido sus votos a los del PSOE y Podemos, una decisión que, a su juicio, contraviene el deseo expresado por los votantes en las urnas para conformar un gobierno de cambio.

"Vox tiene que entender que los partidos políticos estamos obligados a cumplir el mandato de los ciudadanos", ha señalado el dirigente popular. Según Bendodo, la propuesta de integración realizada por el PP buscaba un gobierno conjunto tanto en Extremadura como en Aragón, respondiendo a la voluntad de una mayoría que apostó por el entendimiento entre las fuerzas de centro-derecha.

Críticas a la gestión internacional y social del Gobierno

Más allá de la política autonómica, Bendodo ha calificado al presidente Pedro Sánchez de "tramposo". El popular ha denunciado el envío de un barco de guerra con 230 militares al extranjero sin pasar por el Congreso de los Diputados, lo que contradice el discurso pacifista del Ejecutivo. Según el vicesecretario, estos movimientos confirman los acuerdos previos con Estados Unidos sobre el despliegue de tropas españolas.

En clave social, el PP ha instado al socialismo a pedir perdón a las mujeres por las consecuencias de la ley del solo sí es sí, que ha permitido la reducción de penas a un millar de agresores. Bendodo también ha recordado polémicas recientes como el caso de las "pulseras fake" y las informaciones relativas a los presuntos enchufes de Ábalos.

El modelo económico y social de Andalucía

Como contrapunto a la gestión estatal, Bendodo ha destacado los avances en Andalucía, donde el paro femenino ha descendido del 25% al 17% en los últimos siete años. Asimismo, ha puesto en valor medidas fiscales específicas, como el tipo reducido del 3,5% en el impuesto de transmisiones patrimoniales para las víctimas de violencia doméstica, como ejemplo de políticas eficaces de protección y apoyo.

El Gobierno de España ha elevado el nivel de su respuesta ante la crisis en Oriente Próximo con el envío de medios militares. Un avión A330 MRTT del Ejército del Aire y del Espacio, con capacidad para 250 personas, ha despegado desde la Base Aérea de Torrejón para evacuar a los ciudadanos españoles que permanecen atrapados en la región tras el estallido del conflicto con Irán. En esta operación participan unidades de élite como el Ala 45 y el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA).

Esta movilización de las Fuerzas Armadas se suma a la llegada, a última hora de ayer, de los primeros 175 españoles que aterrizaron en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un vuelo comercial desde Abu Dabi. El dispositivo busca asistir a los más de 30.000 compatriotas desplazados en la zona, entre los que se encuentran turistas y trabajadores que han relatado escenas de "mucho miedo" tras verse sorprendidos por los ataques.

Operaciones bajo condiciones de riesgo extremo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado hoy 4 de marzo desde el Palacio de la Moncloa que estas misiones son "muy delicadas" debido a que el espacio aéreo no es seguro y las infraestructuras aeroportuarias están gravemente dañadas. El despliegue actual guarda similitudes con la evacuación realizada en octubre de 2024 en el Líbano, donde el Ejército del Aire logró rescatar a más de 240 civiles.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha reiterado la necesidad de que todos los españoles se inscriban en el registro de viajeros. Albares ha instado a las embajadas a mantener una actitud "muy proactiva" para no dejar solo a ningún ciudadano en los países afectados.

Situación de los corredores seguros y fronteras

La Embajada de España en Emiratos Árabes Unidos ha informado, a través de su Instagram oficial (@embespeau), sobre la apertura de corredores seguros, permitiendo que algunos vuelos comerciales comiencen a operar de forma limitada. Sin embargo, se advierte a los viajeros de que no deben desplazarse a los aeropuertos sin confirmación previa de su aerolínea, ya que la comercialización de billetes se realiza sin intervención directa de la embajada.

Por su parte, la Embajada de España en Irán, por medio de su cuenta oficial de X  (@EmbEspIran), ha confirmado que su espacio aéreo permanece completamente cerrado, aunque las fronteras terrestres con Armenia y Turquía se mantienen abiertas y plenamente operativas para el tránsito de ciudadanos extranjeros.

En las últimas décadas, el tablero sociopolítico español ha experimentado una metamorfosis silenciosa pero profunda. El antiguo eje de la lucha de clases, aquel que articulaba las demandas sociales en torno a la posición económica y el trabajo, está siendo desplazado por un ideal nacional que hoy sirve de refugio y bandera para una parte creciente de la población. España está girando hacia planteamientos donde la nación es el nuevo elemento de cohesión ante un entorno percibido como hostil.

La pérdida de foco de la izquierda y el vacío de clase

Gran parte de este giro se explica por lo que muchos analistas definen como la pérdida de foco de la izquierda tradicional. Al abandonar la defensa a ultranza de las condiciones materiales de la clase trabajadora, la izquierda ha derivado hacia una política de identidades fragmentadas y causas post-materiales que, a menudo, resultan ajenas a los problemas cotidianos del barrio.

Mientras el debate político se centra en cuestiones simbólicas, la realidad de la calle ha quedado huérfana de un discurso que explique la precariedad. Al dejar de hablar del "taller" y de la seguridad económica, la izquierda ha permitido que la derecha y la extrema derecha capitalicen el malestar. La nación se presenta así como la única identidad sólida que queda cuando la identidad de clase ha sido desmantelada.

El factor demográfico y la seguridad de clase

España no es el mismo país que hace veinte años. El incremento poblacional ha sido extraordinario y, en su gran mayoría, ha venido de la mano de una inmigración que ha resultado absolutamente necesaria. Sin embargo, negar la complejidad de este fenómeno es ignorar la realidad de muchos barrios y pueblos.

En estos entornos, la percepción de inseguridad y la presión sobre los servicios públicos han provocado que la identidad de clase se diluya. Para muchos ciudadanos, la amenaza ya no se identifica únicamente en el "patrón", sino en una gestión migratoria que se percibe como una amenaza directa a la seguridad y estabilidad de sus comunidades. Es aquí donde la apelación a la nación ofrece un sentido de pertenencia y protección que el discurso globalista parece ignorar.

Corrupción y desconfianza: El colapso del contrato social

A este escenario se suma una herida abierta en la conciencia colectiva: la pérdida de confianza en la gestión política. Los incesantes casos de corrupción que han salpicado transversalmente a las instituciones han generado una sensación de "saqueo" de lo común. El ciudadano no solo siente que los recursos son escasos, sino que están mal administrados o directamente desviados por una casta política que parece vivir de espaldas a la realidad social.

Esta percepción de impunidad y mala gestión actúa como un disolvente de la fe en el sistema democrático tradicional. Cuando el Estado falla en su ejemplaridad, el ciudadano busca refugio en conceptos más permanentes y emocionales como la patria. La nación se convierte en el estándar de justicia frente a una clase política percibida como extractiva.

Recursos finitos y un Estado bajo sospecha

El giro hacia lo nacional también se alimenta de una frustración tangible: la sensación de que el Estado es incapaz de atender las necesidades de los "nacionales". En un contexto de recursos públicos finitos, la ciudadanía observa con recelo el deterioro de infraestructuras críticas. Aquí unos ejemplos:

• Sector ferroviario: retrasos y falta de mantenimiento crónico.

• Apagón eléctrico: Incapacidad para gestionar la red eléctrica que tuvo como consecuencia palmaria el gran apagón de 2025

• Gestión hídrica: embalses y políticas de agua que parecen no priorizar el futuro del territorio.

• Sanidad: listas de espera que rompen el contrato social.

Cuando los servicios básicos fallan y la corrupción asoma, surge una pregunta inevitable: ¿A quién protege el Estado? Esta percepción de abandono refuerza la idea de que la prioridad nacional debe ser el eje rector de la política.

El auge de los planteamientos basados en la nación no es un fenómeno espontáneo. Es la respuesta de una sociedad que, ante la incertidumbre global, la corrupción institucional y la orfandad política de clase, busca seguridad en su identidad nacional. Mientras la política no recupere la eficiencia y la ética en la gestión de lo común, el giro hacia la nación seguirá marcando el pulso de la España venidera.

El Congreso de los Diputados afronta una semana parlamentaria decisiva que arrancará el próximo martes 24 de febrero. El punto álgido de la actividad legislativa tendrá lugar el jueves 26, cuando el Pleno debata la convalidación o derogación de cuatro reales decretos-leyes de alto impacto social y económico propuestos por el Gobierno.

Entre las medidas más destacadas se encuentra el decreto para la revalorización de las pensiones públicas para el año 2026, que contempla una subida del 2,7%. Asimismo, la Cámara abordará la prórroga de las medidas frente a la vulnerabilidad social, que incluye la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos hasta el 31 de diciembre de 2026, permitiendo a los propietarios solicitar compensaciones hasta enero de 2027.

Ayudas a víctimas y control de precios en emergencias

El paquete legislativo incluye también el Real Decreto-Ley de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona). Esta norma establece una indemnización directa de 72.121,46 euros por cada persona fallecida, con independencia de las responsabilidades judiciales que se determinen posteriormente.

Por otro lado, el Pleno votará una modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Esta iniciativa busca garantizar la accesibilidad a bienes básicos mediante la imposición de un límite máximo de precios en situaciones de emergencia extraordinaria, evitando así posibles abusos de mercado durante catástrofes o crisis.

Sesión de control y deslocalización empresarial

Antes de la votación de los decretos, el martes se debatirá una proposición de ley del Grupo Plurinacional Sumar para proteger los derechos laborales en procesos de deslocalización, con el fin de impedir despidos colectivos en empresas que trasladen su actividad fuera de la Unión Europea. El miércoles 25 se celebrará la sesión de control al Gobierno, donde se formularán 26 preguntas distribuidas proporcionalmente entre los grupos parlamentarios, siguiendo el criterio de representatividad actual.

El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, ha lanzado una dura advertencia al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Durante una entrevista en Telemadrid, De los Santos ha afirmado que, si el ministro o cualquier miembro de su cúpula directiva conocía y ocultó la denuncia por presuntos abusos contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, deberá dimitir de forma inmediata y enfrentarse a la Justicia para determinar si existe una corresponsabilidad legal.

El dirigente popular ha cuestionado con dureza la gestión del Ministerio, señalando que "si lo sabía y lo tapó", el titular de Interior deberá asumir el peso de la ley. Además, ha calificado de "salvajada" los hechos denunciados y ha criticado que el Gobierno no actuara con anterioridad para proteger a la víctima, una subordinada del alto mando policial.

Críticas a la gestión de la DANA y políticas de igualdad

Uno de los puntos más polémicos señalados por De los Santos es la utilización de un real decreto de ayudas por la DANA para evitar la jubilación forzosa del número dos de la Policía Nacional. Según el representante del PP, esta prórroga de la vida laboral del DAO resultó determinante: "Si esto no se hubiera hecho, quizás se habría evitado que abusara de una subordinada", ha apuntado, afeando que se usara una emergencia climática para fines personales en la estructura de mando.

Asimismo, ha censurado la actitud de Marlaska en sede parlamentaria, acusándole de revictimizar a la denunciante al trasladar sobre ella la responsabilidad de si el Ministerio la había protegido adecuadamente. Para De los Santos, esto es una "demostración de la falta de empatía" y del fracaso de las políticas de Igualdad del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Cuestionamiento ético al Gobierno y al PSOE

El vicesecretario popular también ha cargado contra la ética del PSOE, mencionando los nombres de Santos Cerdán y Paco Salazar en relación con la coherencia feminista del partido. Ha recordado, además, las presuntas presiones de la vicepresidenta Montero hacia víctimas para evitar denuncias que perjudicaran a cargos cercanos al Gobierno.

Finalmente, respecto a la violencia machista, De los Santos ha sido tajante al afirmar que esta realidad "nos interpela a todos" y que las diferencias con la violencia intrafamiliar están avaladas por el Tribunal Constitucional, enviando un mensaje directo a Vox para que "reseteen" su posición si no aceptan estos términos legales y sociales.

En un encuentro que desbordó las previsiones de aforo en Madrid, Gabriel Rufián y Emilio Delgado abrieron ayer un debate profundo sobre el futuro del bloque progresista. Bajo el lema Disputar el presente para ganar el futuro, el portavoz de Esquerra en el Congreso lanzó una propuesta directa: aplicar "ciencia, método y orden" para ganar provincia a provincia a la formación de Santiago Abascal. Rufián cuestionó la viabilidad de que "14 izquierdas" compitan entre sí defendiendo programas similares, lo que a su juicio solo facilita la victoria del bloque conservador.

La propuesta central de los ponentes consiste en articular tres o cuatro puntos programáticos comunes que permitan aglutinar el voto en candidaturas únicas. Según el dirigente republicano, este bloque debería sostenerse sobre ejes como el antifascismo, el derecho a la autodeterminación y la mejora de las condiciones de vida, coordinados a través de un grupo interparlamentario común.

Ausencias significativas y el futuro de las coaliciones

El acto contó con la presencia de representantes de Sumar, Compromís, Chunta Aragonesista y el PSOE-PSC, pero evidenció las fracturas actuales del espacio político con las ausencias de Podemos, EH Bildu y el BNG. Pese a ello, Rufián calificó a la formación morada como "imprescindible" para cualquier proyecto de futuro. Por su parte, Emilio Delgado subrayó la necesidad de levantar un "bloque histórico" capaz de frenar lo que denominó un frente histórico de PP y Vox.

La iniciativa llega en un momento de reconfiguración interna, justo antes de la presentación de la nueva coalición liderada por Yolanda Díaz. Aunque la cúpula de ERC se ha distanciado de la propuesta de Rufián, defendiendo proyectos arraigados al territorio frente a estrategias decididas en Madrid, el debate generado en la sala Galileo Galilei marca un posible punto de inflexión en la estrategia electoral de la izquierda española contemporánea.

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, ha protagonizado una tensa intervención en el Congreso de los Diputados en la que ha reprochado al Ejecutivo central su política fiscal. Bravo ha denunciado que, a pesar de que el Estado recauda más que nunca, la calidad de los servicios públicos ha caído drásticamente, cuestionando directamente a la ministra de Hacienda sobre el destino del dinero de los impuestos de los españoles.

Según el dirigente popular, España paga impuestos equiparables a los de un país nórdico, pero recibe a cambio prestaciones que ha calificado de "país tercermundista". Entre los ejemplos citados, ha destacado el estado de las carreteras, los retrasos constantes en los trenes y la imposibilidad de realizar trámites en la Seguridad Social sin recurrir a la compra de citas en canales no oficiales.

Impacto en el coste de la vida y la vivienda

Bravo ha rebatido el optimismo económico del Gobierno señalando que, desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, la cesta de la compra es un 42 % más cara y el precio de los alquileres ha experimentado un incremento del 50 %. "Asfixian a los españoles con más de cien impuestos", ha insistido, contraponiendo esta realidad con las dificultades que atraviesan agricultores, estudiantes y autónomos para llegar a fin de mes.

Alusiones al caso ERE y a la corrupción

Durante su intervención, el portavoz de Hacienda ha dirigido sus críticas más directas hacia la vicepresidenta María Jesús Montero, vinculándola con el caso ERE en Andalucía. Bravo ha calificado este episodio como "el mayor fraude del país" y ha preguntado por el paradero de los 680 millones de euros destinados originalmente a los desempleados andaluces.

Asimismo, el dirigente del PP ha afeado al Ejecutivo el mantenimiento de cargos salpicados por escándalos de testaferros y sociedades pantalla, así como la gestión del ministro Fernando Grande-Marlaska. Bravo concluyó asegurando que España contará pronto con un Gobierno que "no viva de los españoles, sino que trabaje para servirlos", en una clara alusión al cambio de ciclo político que defiende su formación.

El portavoz del grupo parlamentario de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha reclamado hoy la comparecencia inmediata del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ante el Parlament. La formación considera imprescindible que el jefe del Ejecutivo dé explicaciones sobre el "colapso" que vive la autonomía, especialmente después de que Illa afirmara públicamente tener la solución para resolver los problemas actuales de Cataluña.

Mandato parlamentario: Renfe y la consejera Paneque

Vergés ha puesto el acento en el cumplimiento de las resoluciones aprobadas la semana pasada a propuesta de Junts. En concreto, ha recordado que el Govern tiene el deber de:

• Ejecutar el cese de la consejera Paneque.

• Emprender acciones legales contra Renfe y ADIF por las deficiencias en el servicio ferroviario.

El portavoz ha advertido que ninguno de los socios de investidura del Govern votó en contra del cese de la consejera, hecho que, según Junts, evidencia una falta de apoyo político. Ante la posibilidad de que Illa ignore este mandato, Junts ha pedido que el presidente se someta a una cuestión de confianza, al entender que se ha roto el consenso que permitió su investidura.

Gestión ferroviaria y políticas sociales

En el ámbito de infraestructuras, Junts se ha alineado con las demandas de una parte del sector empresarial catalán que apuesta por que Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) asuma la gestión de Rodalies (Cercanías).

Por otro lado, Vergés ha celebrado que el pleno de la semana próxima aborde la creación de una comisión de la tercera edad, una iniciativa de Junts para tratar de manera integral el bienestar, la vivienda y la seguridad de este colectivo.

El Partido Popular ha registrado una ofensiva parlamentaria para que el Gobierno rinda cuentas sobre la gestión del nuevo Fondo soberano "España Crece". La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ha solicitado la comparecencia urgente del presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con el objetivo de que aclare la estructura, los criterios de control y los riesgos financieros que el Estado asumirá con esta nueva herramienta de inversión.

Dudas sobre el "efecto multiplicador" y la vivienda

El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, ha puesto en duda la metodología económica del Ejecutivo, que pretende movilizar hasta 120.000 millones de euros a partir de una dotación inicial de 10.500 millones. El PP tacha de "poco realista" este efecto multiplicador de 12 euros por cada euro invertido, cuando con los fondos Next Generation no se ha logrado movilizar ni cuatro.

Asimismo, los populares critican la gestión en materia de vivienda. Denuncian que el Gobierno destina ahora al fondo soberano una cuantía menor a los 3.250 millones de euros a los que renunció hace solo dos meses en la línea ICO destinada específicamente a vivienda social.

Críticas a la gestión de los fondos europeos

Desde el PP alertan de que volver a encomendar la gestión al ICO es un riesgo, dado que la entidad fue "incapaz" de canalizar el 61% de los préstamos de los fondos europeos (unos 37.167 millones de euros). Según Nadal, el Gobierno ha renunciado al 37,1% de los fondos disponibles (60.454 millones) y al 40,4% de los PERTE en sectores estratégicos como los chips, la industria aeroespacial o la descarbonización.

Esta batería de 37 preguntas escritas y la petición de comparecencia del presidente del ICO se suma a la solicitud de explicaciones de los 22 ministros del gabinete de Sánchez para analizar el "fracaso global" de la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El portavoz nacional de VOX, José Antonio Fúster, ha anunciado este lunes la decisión de su formación de llevar al Congreso de los Diputados una propuesta para prohibir el uso del burka en espacios públicos. Tras la reunión del Comité de Acción Política, Fúster ha argumentado que el objetivo es evitar que las mujeres vivan en lo que denomina una "cárcel de tela", rechazando que el islamismo gane presencia en las calles españolas. "No es racismo ni es islamofobia, es sentido común", ha aseverado.

Relación con el Partido Popular y garantías de gobierno

En el ámbito de los pactos territoriales, y en respuesta a declaraciones recientes de María Guardiola, Fúster ha sido tajante al afirmar que su partido "no negocia en ruedas de prensa". Ha reiterado que VOX mantiene su disposición a entrar en gobiernos siempre que existan garantías reales para ejecutar un cambio de políticas profundo.

El portavoz ha insistido en que su estrategia va más allá de "desterrar el sanchismo", apostando por la recuperación de la soberanía nacional, el fin del despilfarro político y la derogación de las leyes ideológicas. Asimismo, ha señalado la importancia de priorizar el gasto público en necesidades básicas como el mantenimiento de las infraestructuras.

Consulta europea sobre la situación de ETA

Finalmente, José Antonio Fúster se ha referido a las informaciones sobre la posible exclusión de ETA de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. El portavoz ha recordado el trágico balance de la banda, con 866 asesinados y 379 crímenes aún sin resolver, calificando de gravísima la posibilidad de su retirada del listado oficial.

Ante esta situación, VOX ha registrado una batería de preguntas ante el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo para esclarecer si la organización sigue figurando como terrorista y, en caso negativo, conocer la fecha y los motivos de dicha exclusión. "VOX va a llegar hasta el final para saber cómo se ha llevado a cabo esta decisión", ha concluido.

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha comparecido tras el Comité de Dirección para denunciar lo que considera una situación de "respiración asistida" del Ejecutivo central. Según la dirigente popular, el Gobierno de Pedro Sánchez ha llevado a los servicios públicos esenciales a una fase de "UVI", afectando gravemente al sistema ferroviario, la red de carreteras y la sanidad pública.

Fúnez ha sido especialmente crítica con la gestión del reciente accidente de tren en Adamuz, calificándolo como una "negligencia" derivada de la falta de mantenimiento y control. En este sentido, ha lamentado que la "marca España del AVE" se haya transformado en la "marca Sánchez de la España que no funciona", señalando que el Gobierno invierte un 30% menos en mantenimiento de infraestructuras que los países del entorno europeo.

Vivienda y estrategias de "cortina de humo"

En materia de vivienda, la vicesecretaria del PP ha vinculado los recurrentes anuncios del presidente Sánchez con una estrategia de "cortina de humo" para tapar los casos de corrupción que afectan al entorno del PSOE. Fúnez ha contrapuesto este modelo con la propuesta de Alberto Núñez Feijóo, quien se compromete a impulsar la construcción de un millón de viviendas en su primera legislatura, priorizando la seguridad jurídica y la lucha contra la okupación.

"El problema de la vivienda se reparará cuando se desaloje a Sánchez de la suya", ha aseverado la dirigente, quien también ha anunciado que el PP interpelará al ministro de Transportes esta misma semana en el Senado para exigir un plan de mantenimiento urgente de la red vial.

Sanidad y calidad institucional

La situación de la Sanidad Pública también ha ocupado gran parte de su intervención. Fúnez ha anunciado una reunión inminente con el comité de huelga y la mesa de la profesión médica para abordar de forma "rigurosa" las soluciones que el sector demanda. Para el PP, los conflictos sanitarios actuales son el resultado de políticas guiadas por el sectarismo y las consignas de partido en lugar de por criterios profesionales.

Finalmente, la vicesecretaria ha reprochado al Gobierno que no haya recibido a la delegación de europarlamentarios que visita España para analizar el Estado de derecho. Fúnez ha comparado la excepcionalidad de esta visita con las realizadas anteriormente a Hungría y Eslovaquia, alertando sobre el deterioro de la calidad democrática y el uso partidista de instituciones como el CIS.

El Partido Popular ha dado un paso al frente en la crisis sanitaria al registrar una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados. En este documento, la formación exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez la realización "inmediata" de una auditoría externa, exhaustiva e independiente sobre la convocatoria de la Formación Sanitaria Especializada (FSE) del curso 2025/2026, marcada por las irregularidades en los exámenes MIR.

Esta ofensiva parlamentaria se alinea con las demandas de la Asociación MIR España, colectivo que recientemente mantuvo un encuentro con Alberto Núñez Feijóo. El líder de la oposición ha trasladado su apoyo a los facultativos ante lo que consideran una situación de "indefensión y pérdida objetiva de confianza" en el sistema, derivada de la gestión del Ministerio de Sanidad.

Un proceso plagado de incidentes técnicos y administrativos

Según denuncia el PP, el actual proceso de selección ha vulnerado los principios de transparencia y previsibilidad. Entre las deficiencias detectadas, los populares enumeran:

• Retrasos injustificados en los calendarios y la formalización de contratos.

• Defectos físicos en los cuadernillos de examen.

• Filtraciones y uso de notas de prensa para informar sobre convocatorias oficiales.

• La dimisión en bloque del comité de expertos encargado de preparar las pruebas.

• Errores en los baremos y solapamiento de plazos legales.

Ante este escenario de "caos", el PP no solo reclama que se publiquen las conclusiones de la fiscalización, sino que se asuman responsabilidades políticas y se trabaje desde el diálogo con los profesionales del sector.

La falta de médicos y el déficit de plazas

La iniciativa también pone el foco en la crisis de recursos humanos que atraviesa el Sistema Nacional de Salud. El PP critica que, pese a existir un déficit estimado de 4.500 médicos en Atención Primaria, el Gobierno solo ha ampliado esta especialidad en 36 plazas para el presente año. Esta falta de previsión dejará a numerosos profesionales admitidos sin posibilidad de obtener plaza.

Protestas y huelga general en el sector sanitario

La tensión llega en un momento crítico, con un récord histórico de protestas y concentraciones. El rechazo a la reforma del Estatuto Marco propuesta por el Ministerio ha movilizado al sector, que mañana saldrá a las calles de Madrid y mantendrá una huelga general durante toda la próxima semana en el territorio nacional.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado una dura ofensiva contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados. Feijóo ha calificado la gestión gubernamental tras el accidente ferroviario de Adamuz como una “negligencia continuada con resultado de muerte”, advirtiendo que el Gabinete de Sánchez acabará sentándose en el banquillo de los acusados por estos hechos.

Para el líder de la oposición, la tragedia no fue una catástrofe imprevisible, sino un “accidente evitable”. Durante su intervención, ha reprochado que el Gobierno haya intentado justificar las causas mediante factores externos como defectos de fábrica, la lluvia o el cambio climático, mientras que, según sus datos, existían hasta 15 advertencias de ocho instituciones distintas, incluidas las europeas, que fueron ignoradas.

Críticas a la política ferroviaria y de mantenimiento

Feijóo ha denunciado el contraste entre el discurso oficial y la realidad de las infraestructuras. Ha recordado que, mientras el Ministerio de Transportes presumía del “mejor ferrocarril de la historia”, la realidad tras los 47 fallecidos se traduce en un sistema con hasta 1.000 limitaciones de velocidad. "Gobernar no es viajar en Falcon, es desgastarse para que no se desgaste tu país", ha sentenciado el dirigente popular.

Asimismo, ha cuestionado el destino del gasto público, vinculando la falta de inversión en mantenimiento con casos de presunta corrupción: “A más mordidas, menos dinero para mantenimiento; y a más horas en Twitter, menos horas trabajando”. Feijóo también ha afeado al presidente que prefiriera "tuitear con Elon Musk" antes que acompañar a las familias de las víctimas en Córdoba.

Propuesta de una nueva Agencia de Seguridad de Transportes

Ante lo que considera una gestión ineficaz basada en "enchufar a amigos en Renfe y ADIF", el presidente del PP ha anunciado su compromiso de crear, cuando llegue al Gobierno, una gran agencia de seguridad de transportes. Esta entidad absorbería las actuales agencias de seguridad aérea y ferroviaria, operando con presupuesto propio, capacidad sancionadora y una independencia real del poder político.

El dirigente gallego concluyó asegurando que los españoles no olvidarán lo sucedido y que la responsabilidad política por la denominada “semana negra ferroviaria” se acabará dirimiendo tanto en los tribunales como en las urnas.

La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, ha protagonizado una dura intervención durante el Pleno extraordinario destinado a investigar presuntos casos de corrupción en la Vicepresidencia Primera y el Ministerio de Hacienda. García ha acusado directamente a María Jesús Montero de ser la figura elegida por Pedro Sánchez para "exportar el modelo de los ERE" al conjunto del Estado, afirmando que se trata de un "Gobierno preparado para robar".

La dirigente popular ha recriminado el "silencio y ocultación" de la ministra ante los 19 registros de la Guardia Civil efectuados en sus departamentos. En este sentido, García ha anunciado que Montero tendrá la obligación legal de comparecer en la Comisión de Investigación de la SEPI impulsada por el PP para dar cuenta de la denominada "caja negra" del organismo.

Sospechas sobre el patrimonio y la SEPI

Uno de los puntos más críticos de la intervención ha sido el señalamiento al incremento patrimonial de Vicente Fernández, presidente de la SEPI y mano derecha de la ministra. Según los datos aportados por la portavoz del PP, Fernández habría aumentado su patrimonio en 10 millones de euros entre 2018 y 2024, incluyendo inmuebles de lujo, pese a que sus salarios declarados no alcanzan el millón de euros en dicho periodo.

García también ha cuestionado la falta de transparencia en expedientes bajo sospecha judicial, como el rescate de la aerolínea Plus Ultra, admitido por la Fiscalía Anticorrupción, y el de Air Europa. "¿Si todo se ha hecho de forma correcta, ¿por qué no nos remiten los expedientes solicitados hace más de diez meses?", ha interpelado la portavoz, acusando a la ministra de estar "dispuesta a chapotear en el barro" para proteger al presidente del Gobierno.

Críticas a la gestión y modelo territorial

En el tramo final de su comparecencia, Alicia García ha tildado a Montero de ser la vicepresidenta de las "mordidas" y de encontrarse en "rebeldía constitucional" por la falta de presentación de unos Presupuestos Generales. Asimismo, ha criticado su política territorial, asegurando que ha logrado poner a todas las comunidades autónomas en su contra, exceptuando a una, en clara alusión a las negociaciones bilaterales con Cataluña.